Salario mínimo, dignidad humana y democracia
octubre 2, 2018Bernardo Perera C.
El Congreso de la Unión sigue trabajando y los diversos grupos parlamentarios comienzan a posicionar sus respectivas agendas. En San Lázaro el grupo parlamentario de Acción Nacional, por medio de su Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, propuso incrementar el salario mínimo, ello bajo el argumento de emparejar el monto del salario mínimo con la línea de bienestar que estipula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Generalmente se piensa que las cuestiones económicas –en el ámbito público– poco o nada tienen que ver con los derechos humanos; sin embargo es una concepción errónea, ya que las cuestiones económicas se encuentran estrechamente ligadas con el ámbito social, con el desenvolvimiento de las comunidades, la justicia social y el nivel y calidad de vida de sus ciudadanos.
En ese sentido, la iniciativa propuesta por Acción Nacional para el incremento del salario mínimo, aunque busca un fin loable, desgraciadamente obvia la relación e importancia que tiene la percepción económica de los ciudadanos con el libre desarrollo de la dignidad humana. Es así que la pobreza, la marginación social, la inexistencia de empleo productivo y los bajos niveles de desarrollo humano son elementos que atentan directamente contra la dignidad humana, ya que imposibilita el pleno desarrollo del ser humano, negándole el goce real y eficaz de sus derechos.
Aunado a ello, la pobreza es un facto que viene a afectar directamente la seguridad humana y la democracia participativa, ya que, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Organización de Estados Americanos (OEA), la democracia debe de entenderse bajo un enfoque omnicomprensivo, el cual incluya y tome en cuenta todos los elementos necesarios, para que cuente con una vigencia plena; debe de ser un proceso participativo, en donde se fortalezca el vínculo real entre el propio sistema de gobierno, el desarrollo social, la justicia y la equidad. Si alguno de estos valores se ve mermado, los índices democráticos se verán igualmente afectados. La propia Carta Democrática Interamericana reafirmó que la lucha contra la pobreza es esencial para la promoción y consolidación de la democracia, constituyendo, así, una responsabilidad de los Estados de buscar los mecanismos para su erradicación.[1]
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015, determinó la importancia de erradicar la pobreza, señalando que éste es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible de los pueblos, en donde el goce de los derechos humanos no se vea limitado a aquellos que, por cuestiones económicas, cuentan con mayores oportunidades y acceso a ciertos servicios básicos.
En ese sentido, esperamos que tanto la nueva Legislatura, como la nueva administración opten por fortalecer el sistema económico mexicano, y establezcan los mecanismos tanto legislativos, como administrativos, necesarios para que las brechas económico-sociales disminuyan; siempre partiendo de una postura en la que se busque incrementar la posibilidad de acceso a los servicios básicos y al pleno ejercicio de la dignidad humana, para así consolidar un ambiente democrático, en donde todas las clases sociales sean valoradas e incluidas de forma igualitaria.
[1] Cfr.: Organización de los Estados Americanos (2001). Carta Democrática Interamericana. Obtenido de: http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
