Buen diagnóstico, mala estrategia

abril 16, 2019 Desactivado Por La Opinión de

En días recientes, el Presidente López Obrador tuvo un polémico encuentro con el periodista Jorge Ramos, en una de sus conferencias de prensa matutinas. El motivo fue el aumento, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el número de homicidios en el país. El Presidente dijo –sin embargo– que él tenía otros datos. Más allá del poco respeto por el trabajo de instituciones que conforman el gobierno del propio Presidente, esta diferencia mediática debiera poner sobre la mesa lo verdaderamente importante para la seguridad del país, que la fragmentación de las organizaciones criminales está provocando el aumento consistente en las tasas de violencia del país.

Desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas, en diciembre de 2006, se han “neutralizado” (eufemismo que utiliza el gobierno) a cientos de líderes de distintas jerarquías de las organizaciones criminales que operan en el país. En principio, la idea era que esto derivara en la conformación de pequeñas células que pudieran ser manejadas por las agencias de seguridad estatales del país; no obstante, pocos estados han logrado modernizar sus agencias policiales y de procuración de justicia, por lo que carecen de capacidades para enfrentar, por sí solas, a los grupos que se han formado a lo largo de estos años.

La violencia que estamos viviendo hoy día se debe a que estas células se están fortaleciendo; por ello vemos grupos delictivos locales, e. g., el Cártel de Tláhuac, que opera principalmente en la Ciudad de México. El problema es que las agencias federales dejaron de lado el combate a las células, que por alguna razón se independizaron o surgieron a raíz de la fragmentación de los grandes cárteles de la droga. Estas células han ido reagrupándose y acumulando cotos de poder a nivel estatal o municipal. Así, hoy tenemos una bomba de tiempo, si no se combaten estas células, se corre el riesgo de que se consoliden y –por ende– busquen expandir sus operaciones a nivel regional o nacional; lo cual, inevitablemente, derivará en mayor violencia.

Así, en principio, un cuerpo policiaco federal que ayude a los gobiernos estatales a combatir el crimen, a nivel local, suena como una buena idea. Ésta es la consideración detrás de la Guardia Nacional; sin embargo, no es suficiente. Las estrategias represivas, por sí solas, no van a bajar la incidencia delictiva, sino a elevar el costo de la corrupción. Lo que se necesita es una estrategia integral con tres enfoques: el económico (combatir el lavado de dinero), el preventivo (elevar la probabilidad de que cada delito cometido sea sancionado) y el represivo.

Será complicado –no obstante– generar una estrategia integral si no partimos del reconocimiento pleno de las cifras de violencia en el país. La seguridad no debiera ser un tema político, sino un tema de datos duros. El desprecio del Presidente por las cifras emanadas de su propia administración solo obstaculizará el desarrollo de acciones capaces de atacar las causas de la violencia.

Ricardo Solano Olivera, MSc.