Ayotzinapa y la crisis del Estado de Derecho
octubre 3, 2019En la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron en Ayotzinapa, 27 personas resultaron heridas y otras 9 fueron asesinadas. Este fue el saldo de una serie de episodios violentos desencadenados tras una revuelta estudiantil que fue reprimida tanto por miembros de la policía municipal de Iguala como agentes de la policía estatal de Guerrero. Cinco años después, más de 400 tomos de investigación y muchas preguntas nos siguen recordando que en México aún existen desaparecidos, causas pendientes con la justicia e impunidad frente al crimen.
Porque si algo nos enseñó Ayotzinapa es que el país sigue sumido en una terrible crisis de desapariciones, fruto, en gran medida, del amplio control que los grupos criminales tienen sobre el territorio. A lo largo y ancho de la República, estos grupos desarrollan un amplio abanico de actividades ilícitas logrando imponerse a las autoridades o incluso, en el peor de los casos, implicándolas en corruptelas y tramas que traspasan ampliamente el límite de lo legal. Por tanto, Ayotzinapa es mucho más que 43 desaparecidos –pese a que no exista mayor pérdida que las humanas–. Ayotzinapa es el reflejo de la crisis de los Derechos Humanos, de la falta de confianza en el sistema de justicia, de la corrupción de las autoridades, de la falta de transparencia y de la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Esos 43 estudiantes representan a las más de 40,000 personas desaparecidas en México y ponen de manifiesto la ausencia de Estado de Derecho en el país azteca. Y es que, junto a la brutalidad de lo acontecido en Iguala, debe sumarse el desolador horizonte judicial del proceso. Pese a que se hayan documentado torturas, violaciones de Derechos Humanos y numerosas irregularidades, 77 de los 142 acusados ya han sido puestos en libertad. De todos los implicados, apenas una treintena están imputados y al menos 66 agentes acusados de estar coludidos con el crimen organizado no enfrentarán causas legales.
Frente al derrumbe judicial, las autoridades han optado por dar un giro político a la narrativa y el Presidente López Obrador ha hecho una fiel promesa de justicia a los familiares de las víctimas. No obstante, la salvaguarda del Estado de Derecho requiere de algo más que promesas y narrativas. Es necesario que las instituciones empiecen a ejercer sus competencias de manera responsable, independientemente del gobierno de turno o la voluntad política de los líderes.
Pese al impacto de las palabras y de lo simbólico en las sociedades actuales, y sin restar valor al compromiso del actual Presidente, la justicia requiere de instituciones fuertes, independientes, transparentes y con los recursos necesarios para ejercer su labor. Y esta debe ser ejercida por igual para todos los ciudadanos, independientemente de la notoriedad o visibilidad de determinados episodios. Esa justicia debe ser ejercida en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también para los más de 40,000 desaparecidos en todo el país.
