Tren Maya y la consulta popular
febrero 13, 2020El Tren Maya se ha convertido en uno de los buques insignia del actual Presidente, López Obrador. El mandatario confía en que la obra de infraestructura ayudará a reactivar la economía de cinco estados al sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con una inversión de aproximadamente 120,000 millones de pesos, el tren pretende convertirse en un medio de transporte para pasajeros y mercancías, a la par de fomentar el turismo en el área. Sin embargo, el proyecto no es ajeno a la polémica.
Una de las principales críticas es el impacto ambiental que implica construir la infraestructura ferroviaria en un entorno repleto de áreas protegidas y con una fuerte biodiversidad. En segundo lugar, las comunidades indígenas han manifestado su descontento al sentirse excluidas en el diseño del proyecto y señalando el riesgo que el tren puede suponer para la preservación de sus lugares sagrados. Por último, la cuestión de la financiación también ha sido fuente de conflicto. Y es que, si bien en febrero de 2019 el Presidente había anunciado que la administración sólo aportaría el 10% del coste y el resto sería financiado con fondos privados, el pasado 15 de noviembre hubo un cambio de decisión. El gasto público del tren se incrementó hasta el 70%, destinando recursos provenientes del ahorro derivado de las políticas anticorrupción y de austeridad económica.
Junto a esto, las consultas públicas sobre el proyecto han sido criticadas por la oposición, señalando la falta de claridad jurídica durante el proceso. Además, la ONU criticó la parcialidad de la consulta, asegurando que las autoridades decidieron de manera unilateral el método de participación, sin consultar a las comunidades afectadas ni cumpliendo con los estándares internacionales. Otras de las críticas vertidas por el citado organismo estaban vinculadas a los breves tiempos de consulta, las imprecisiones en las traducciones y la baja participación de las mujeres indígenas.
A partir de este contexto, la relevancia del Tren Maya es doble. Por una parte, es una política pública ambiciosa en términos tanto de infraestructura como de revitalización económica. Por el otro, es una decisión política que implica posiciones enfrentadas y que incluye la consulta pública como instrumento decisorio. De esto último surge una inquietud: ¿hasta qué punto la consulta pública, tan presente en el actual gobierno, es una herramienta útil en el proceso de toma de decisiones políticas y en el diseño e implementación de políticas públicas? De entrada, la participación de las personas y comunidades afectadas agrega valor al logro de objetivos. No obstante, para que sea verdaderamente efectiva, la consulta debe ir acompañada de un compromiso de divulgación de la información de manera oportuna. Asimismo, requiere la gestión adecuada de los insumos recibidos para asegurar un proceso verdaderamente participativo, transparente, bidireccional y abierto.
Si estas condiciones no se dan, es complicado generar entornos de confianza y relaciones estables en el tiempo, elementos imprescindibles para dar sostenibilidad a los proyectos. Por último, es importante que los procesos de consulta sean continuos, dando seguimiento a los mismos. Todas las opiniones, independientemente de si son favorables o contrarias, deben ser recibidas con el mismo valor y la consulta debe ser intensificada cuando las condiciones cambian. Esto es, por ejemplo, cuando hay modificaciones en los diseños o condiciones de ejecución.
De esta manera, el Tren Maya no supone únicamente un desafío en términos de infraestructura, sino que es una política ideal para poner a prueba los mecanismos participativos. Así, pese a que la consulta popular es una de las banderas de López Obrador, ésta deja de ser efectiva y se convierte en un mero instrumento de propaganda política en el momento en el que no se ajusta a determinados estándares de calidad. Por ello, es importante no pervertir los mecanismos participativos, usándolos como instrumento político, y concebirlos como una herramienta de gobernanza que a veces puede fallar a favor de nuestras propuestas, y otras en contra.
