Las cosas diferentes, pero el mismo resultado

agosto 6, 2020 Desactivado Por La Opinión de

Como bien señala el maestro Jorge Carpizo en su obra El presidencialismo, al referirse a las facultades escritas y no explicitas dentro del sistema político mexicano, que le otorga facultades discrecionales al Ejecutivo en turno, como el NO juzgar o perseguir al presidente anterior, pues esto sería como causar una inestabilidad política continua.

Sin embargo, esa lógica aplicaba perfectamente para no perjudicar al partido de siempre (PRI), pero aun con la transición democrática del 2000, y con la llegada de Vicente Fox, la regla siguió beneficiando a los exmandatarios emanados del tricolor y a los del mismo PAN, pues los dos sexenios panistas tuvieron la oportunidad de cambiar las reglas y quizá juzgar a los exmandatarios por diversos actos.

El regreso del nuevo PRI, en el 2012, obviamente daría continuidad a la regla. Los casos de corrupción, en el gobierno de EPN, subirían a escalas mayúsculas, de tal forma que las denuncias periodísticas y las continuas exhibiciones en redes sociales no le perdonarían su bajo nivel de popularidad, durante su mandato.

Por lo que uno de los postulados más fuertes que le dio credibilidad al proyecto transformador del presidente López Obrador, fue el incidir en la eliminación de la corrupción, pero nos preguntamos ¿a qué nivel pretende llegar, cuándo y con quiénes sí aplica?

Pues es bien sabido que los gobiernos anteriores usaban como “chivos expiatorios” a los políticos corruptos del momento, en especial a los gobernadores salientes, esto netamente para posicionarse frente a los temas de campaña política. Por ejemplo, con la detención de Javier Duarte, en 2017, el PRI se daría un respiro para las elecciones de las gubernaturas en juego de ese año.

Reflexionando, la detención de Emilio Lozoya, más que juzgarlo por los diversos delitos como el caso Odebrecht y sus derivados, además de contar con un amparo a su favor, y en calidad de testigo protegido, esta historia cambia para usos políticos, ya ha comenzado a señalar a quien es necesario señalar.

La historia se repite, es decir, que en política todas las cosas son diferentes pero el resultado es el mismo. Ya le tocó al excandidato Anaya Cortes, buena o mala jugada de la 4T, han sacado del parcial retito a Anaya y pueden revivir a otros “muertos políticos”, con muchas finalidades, esto sumado al contexto de la pandemia, en donde los números continúan al rojo máximo.

Pero aquí la pregunta principal es ¿qué pasará con el expresidente Enrique Peña Nieto? Pues la lógica indicaría que nada, sabiendo que la justicia no llega a los niveles más altos, además que en nuestro país no existe la “costumbre” de juzgar a exmandatarios, como sí sucede en diversos países latinoamericanos, tales como Guatemala, Perú o Brasil.

De concretar imputaciones en contra de EPN, asentaría un antes y un después en la aplicación de la justicia en este país, pero abrir a tema de consulta popular si se decide o no juzgar a quienes estuvieron en el Poder Ejecutivo es un error en términos de aplicación de la justicia.

A menos que suceda lo contario, las cosas seguirán igual, pero ahora es una gran oportunidad para la 4T, el sentar las bases de una reforma judicial sólida, en donde las instituciones procuradoras de justicia tengan las herramientas para juzgar, incluso al mismo presidente en turno durante y al fin de su mandato, así como a sus antecesores.

De no concretar el proyecto anticorrupción, muy pronto se percibirá más fuerte la idea del posible pacto de impunidad, pues revivir a “muertos políticos”, por medio del caso Lozoya, puede traer dolores de cabeza a este gobierno.

Abrazo a la distancia querido/a lector. Nos leemos en la próxima ocasión.

Alejandro Villafuerte
Twitter: @ra_villafuerte