La carrera en la búsqueda de una vacuna para la COVID-19

El mundo está a la espera de una vacuna que actúe como muro de contención para la actual crisis sanitaria. Desde el estallido de la pandemia, científicos de medio mundo trabajan a contrarreloj para encontrar un tratamiento que permita combatir la enfermedad de la COVID-19 o eliminar el virus SARS-CoV-2. Todos los Estados esperan la vacuna como agua de mayo y la industria farmacéutica está en el ojo del huracán, tratando de obtener su objetivo en medio de numerosas presiones geoestratégicas.

En este contexto, se da un escenario en el que existen muchos intereses contrapuestos entre la ciencia, la administración pública y la empresa privada. Pese a que en los últimos meses se ha podido observar colaboración entre las diferentes partes en la búsqueda de la vacuna, la propiedad intelectual y la exclusividad de los datos son puntos potencialmente problemáticos. Pero no son los únicos. La velocidad con la que se están desarrollando las investigaciones, la seguridad de los ensayos clínicos y la simultaneidad del trabajo científico e industrial para la producción de la vacuna son otros aspectos conflictivos. A este respecto, es fundamental que los Estados no pongan en riesgo la salud de sus nacionales suministrando vacunas que no cumplan con todos los requisitos exigidos.

A pesar de la pandemia y sus estragos, parte de la comunidad médica ya ha señalado que un lanzamiento prematuro de la vacuna puede ser muy contraproducente. Hasta que ésta no sea probada en decenas de miles de personas, no puede existir una certeza razonable de que sea segura y eficaz. Incluso bajo este precepto es difícil asegurarse de su éxito debido a que cada organismo puede reaccionar de manera diferente frente al suministro de la misma vacuna.

A todos estos problemas hay que sumar la vulnerabilidad de algunos países en el acceso a recursos para financiar la investigación y/o compra de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de ese riesgo y ha reclamado que, una vez disponible, la vacuna se distribuya de manera equitativa y que no sólo sea accesible para quien pueda pagarla. Ello requiere, entre otras cosas, modificar el modelo de innovación que hoy rige en la industria farmacéutica y orientarlo a desarrollos más enfocados en la salud pública.

Si pensamos en estos términos, el cambio de paradigma es imprescindible para evitar que se repita lo ocurrido en 2009 con la pandemia de gripe del AH1N1, cuando los países más desarrollados se apresuraron a comprar la vacuna sin considerar las necesidades de las naciones más pobres. Los responsables de algunos grupos de investigación, como el conformado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca o el liderado por la empresa estadounidense Johnson&Johnson, ya han anunciado que la vacuna será vendida a precio de coste. Por el contrario, Pfizer, Merck y Moderna ya han confirmado que el precio de su vacuna será superior.

Frente a la posición de los entes privados, corresponde a los Estados adoptar una postura clara en la defensa de la salud pública. Entre las medidas a contemplar, cabe el uso de su capacidad regulatoria para evitar que los intereses comerciales antepongan la capacidad de pago al acceso a la vacuna o la vacunación prioritaria de las personas más susceptibles de contraer y ser afectados negativamente por la COVID-19. Asimismo, es necesario fomentar la solidaridad internacional y fortalecer organismos supraestatales que velen por la salud pública en términos globales, siendo capaces de garantizar el acceso a recursos sin desincentivar a una industria tan potente como es la farmacéutica.

Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7

Imagen: Shafin Al Asad Protic / pixabay.com 

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