Ingreso Básico Universal: una deuda pendiente con México
enero 18, 2021La pandemia causada a partir de la aparición del virus SARS-CoV-2 ha originado, a nivel mundial, lo que podría ser considerada la peor crisis del siglo XXI y una de las crisis humanitarias, sociales, económicas, políticas y de salud pública más profundas de la historia. En México, de acuerdo con la Encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID (ECOVID-IE) y el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN), de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos existentes en el país, el número de negocios cerrados hasta el momento es de 1 millón 10 mil 857, que equivalen al 20.81% del total; sin embargo, el impacto a nivel social, a partir de otros datos y estadísticas como las que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), establecen que el 86.6% de un millón 873 mil 564 empresas en el país tuvieron alguna afectación a causa de la pandemia y que al menos 19 millones de personas ingresaron a algún nivel de pobreza debido a la pérdida de ingresos, de su trabajo, de su empresa o de su negocio.
En diversas latitudes alrededor del mundo y debido a las medidas de confinamiento social implementadas por los diferentes gobiernos a nivel internacional, políticas públicas como las transferencias directas de recursos en efectivo, por ciertos periodos de tiempo a los sectores de la sociedad más afectados por la parálisis económica, han sido un ejemplo de política eficiente tanto para persuadir a la población de mantenerse en casa evitando la exposición social y con ello la propagación de contagios, como evitar la necesidad de salir con el objetivo de generar ingresos para sustentar las necesidades básicas como la compra de alimentos y el pago de rentas inmuebles. Este tipo de políticas implementadas por ejemplo en países de América del Norte como Canadá e incluso en Estados Unidos –en donde se entregará un cheque de dos mil dólares mensuales a las y los estadounidenses, entre otras medidas propuestas por la administración entrante del demócrata Joe Biden– tienen como principal objetivo contener el deterioro económico de la población y con ello el deterioro de las condiciones sociales, de desigualdad, pobreza y, con ello, incluso de seguridad.
En nuestro país, el Gobierno de México, a pesar de la profundización de la emergencia sanitaria y económica, ha ignorado el llamado de diversos expertos, organizaciones de la sociedad civil y de otras fuerzas políticas para destinar recursos para la creación de un Ingreso Básico Universal o Ingreso Mínimo Vital que mitigue el deterioro económico y financiero de las y los millones mexicanos afectados por la pandemia, haciendo caso omiso también, a las voces que proponen redirigir los más de 132 mil 447 millones de pesos etiquetados en 2021 para los proyectos de infraestructura “estrella” de la administración obradorista, que de acuerdo con proyecciones del propio Gobierno federal, los beneficios económicos y sociales regionales y nacionales de dichas obras se darían incluso después de terminado el sexenio actual. Si bien el gobierno de AMLO proyecta invertir para el ejercicio presupuestal de 2021 303,982.9 mil millones de pesos en 11 programas sociales que cubren a los sectores y minorías sociales más vulnerables del país –aún sin estándares concretos que revelen el impacto positivo en la calidad de vida, desarrollo y bienestar de estos sectores a partir de la implementación de dichos programas– la urgencia coyuntural por el golpe que la pandemia ha asestado a otros sectores sociales estratégicos para el desarrollo de la economía nacional, como las MiPymes que generan 7 de cada 10 empleos formales en el país y que a su vez han sido de las más afectadas por la emergencia sanitaria –entre las principales afectaciones registradas en las micro, pequeñas y medianas empresas están: la disminución de ingresos (79.2%), la baja de demanda (67.6%), la escasez de insumos y/o productos (22.8%), la reducción de personal (16.3%) y reducción de remuneraciones o prestaciones (11.3%)– requiere de la implementación de políticas públicas como el ingreso vital, que proteja y promueva la protección de las bases sociales de ingresos medios y bajos tanto del sector formal como informal, aminorando la necesidad por satisfacer las necesidades básicas de este sector y, con ello, la reducción de los estragos sociales y humanitarios a corto, mediano y largo plazo causados por el COVID-19.
Con el llamado de #AbrimosOMorimos de industrias como la restaurantera y de otros sectores económicos como el de las MiPymes, implementar la propuesta de un Ingreso Básico Universal como el que proponen el Partido de la Revolución Democrática o Movimiento Ciudadano, en conjunto con organizaciones civiles, sindicales y académicas, para garantizar una entrada de recursos de al menos 11 mil pesos en total por tres meses, pudiéndose extender a dos meses más para las familias mexicanas más afectadas económica y socialmente por la pandemia –se proyecta que esta propuesta beneficiaría alrededor de 20 millones de mexicanos– es sin duda una deuda pendiente e impostergable que tanto las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión así como el gobierno federal que se autodenomina de vocación social y de izquierdas, deben materializar para empezar a contener eficientemente la profundización de la desigualdad, la inequidad y la falta de bienestar que ha generado la aparición del nuevo coronavirus desde el primer trimestre del 2020 en México. De no hacerlo, el actual gobierno de México tendrá una deuda histórica que cobrará una factura social, económica y humanitaria dolorosa y profunda que marcaría negativamente –aunado a otros hechos ya presentes– el sexenio de la “cuarta transformación”.
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