Justicia a las escuelas
octubre 15, 2018
Sebastián Guevara
En un sistema educativo puede y debe promover la igualdad de oportunidades; sin embargo, también puede ampliar brechas de desigualdad. Una de las formas en las que las reproducimos en México es a través de la asignación de docentes a las escuelas.
A partir de la reforma educativa, del 2013, las maestras y maestros de educación básica en México están obligados a participar en evaluaciones de desempeño. Las docentes que aprueben esta evaluación tendrán la oportunidad de elegir la escuela donde van a trabajar, dependiendo del resultado que hayan obtenido.
Las docentes que obtienen los mejores resultados son los primeros en elegir. Estos usualmente elegirán las escuelas que se ubican en zonas más seguras, con mejores resultados y que cuenten con los alumnos de nivel socioeconómico más alto. Por consiguiente, los profesores con resultado aprobatorio pero puntajes más bajos serán enviados de forma residual a las escuelas menos demandadas.
El resultado final de esta política es que enviamos a los profesores más capacitados a las escuelas con mejores condiciones y a los profesores con resultados más bajos a las escuelas más marginadas, las que cuentan con menores recursos. Este mecanismo es el que reproduce desigualdades.
¿Cómo podemos romper con este mecanismo? La propuesta más radical (aunque no insensata) implicaría enviar a los profesores mejor capacitados a las escuelas que se encuentran en peores condiciones, esta sería la política más directa de acción afirmativa. Sin embargo, resultaría polémica pues algunas docentes pensarían que están siendo “castigadas”. Probablemente la solución se encuentra en otorgar incentivos (¿económicos?) para que las mejores maestras voluntariamente opten por enseñar en las escuelas que más urgentemente necesitan mejorar sus prácticas educativas.
