Depósito legal en México: ¿desconocido u olvidado?
noviembre 9, 2018El depósito legal es una institución centenaria concebida en Francia, con la Ordenanza de Montpellier en 1537, y cuyo objetivo era crear y preservar una colección nacional del material publicado. En nuestro país, con sus antecedentes coloniales, esta figura cobraría vida en el año de 1822, con el decreto del Soberano Congreso Constituyente Mexicano que obligaba a los editores a enviar dos ejemplares de sus papeles al Archivo del Congreso.
La figura se conserva hasta nuestros días –aunque ha pasado por múltiples ordenamientos– en el decreto de 1991, que obliga a los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales a entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión.
En la historia del mundo, el depósito legal se origina, primero, con una visión patrimonialista y, después, su objeto pasa a ser un medio de censura, de vigilancia y control del material publicado, de condición previa para obtener privilegios comerciales, un requisito para obtener los derechos de autor, y en los últimos 50 años del siglo pasado regresó, en muchos países, a ser base de la salvaguarda de la memoria.
Hoy en día, debido a las complejidades y necesidades del mundo contemporáneo, en la mayoría de los Estados democráticos, el depósito legal es un pilar para la preservación del patrimonio cultural documental, un cimiento del derecho al libre acceso a la información y al conocimiento, y base del derecho a la libre expresión.
Además, en México hay que sumar a su naturaleza la condición de ser una fuente primaria de información para la toma de decisiones parlamentarias y de gobierno, ya que, al contemplar a la Biblioteca del Congreso como unidad depositaria, se vuelve elemental como insumo para la decisión informada; además, en la filosofía del parlamento abierto (en la que el ciudadano es actor central del modelo de representación política), también se convierte en herramienta para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Es desde esta visión transversal que el depósito legal es tan importante para todos, pues, entendido así, es un elemento base para el disfrute de los derechos humanos (políticos, económicos, sociales y culturales), para el fortalecimiento de la democracia, para el quehacer republicano y, en suma, un medio para el desarrollo sostenible.
Ante estos valores, preocupa que en México éste sea importante sólo para unos cuantos. Tener conciencia de su importancia no es algo que se encuentre generalizado, y sus principales beneficiarios, los mexicanos, no lo conocen. Pero más preocupante aún es que ni siquiera el gobierno le ha otorgado la importancia ni los medios necesarios para que cumpla con su objetivo, dejando a las instituciones depositarias sin los recursos suficientes (legales, humanos, materiales, financieros…) para desarrollar esa dimensión transversal que tiene.
Estas condiciones llevan a que seamos todos, ciudadanía y gobierno, responsables de la pérdida de gran parte del patrimonio común y sus beneficios. Por ello, es urgente que el Estado, a través de sus facultades, sea capaz de construir mecanismos adecuados para que el depósito legal sea lo que debe ser.
Entre los grandes pendientes se requiere de una legislación actualizada que responda a las necesidades de la conducta editorial y, a partir de ella, el diseño de una política pública (que nos lleve a la toma de conciencia generalizada) que incorpore al depósito legal como un componente fundamental y, en consecuencia, se apliquen los recursos adecuados para que alcance sus grandes propósitos.
Si esto se logra, si colocamos al depósito legal en su justo lugar, es seguro que será un motor de cambio que ayude a la sociedad y al gobierno, a través de su patrimonio común y del libre acceso a la información, a vislumbrar caminos que nos lleven a la justicia social y propicien el desarrollo sostenible.
José María Hernández Vallejo
