¿Quién va a acatar el memorándum?
abril 23, 2019Más allá de mostrar las carentes habilidades para redactar documentos oficiales en la Presidencia de la República, el memorándum dado a conocer por el Presidente López Obrador, para cancelar la Reforma Educativa de 2013, pasa por alto realidades jurídicas y orgánicas del México contemporáneo. En este sentido, ordena a la Secretaría de Gobernación (Segob) realizar “las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión… (sic)”.
Así, y no es la primera vez que lo hace, el Presidente ignora que ya no es competencia del Ejecutivo decidir quién permanece o sale de prisión. A partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se le quitó al Ejecutivo la facultad de otorgar libertades o beneficios a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Esa responsabilidad es ahora de los Jueces de Ejecución.
Por otro lado, Prevención y Readaptación Social, órgano desconcentrado que administra los Ceferesos, pertenece –orgánicamente– a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no a la Secretaría de Gobernación; esto de acuerdo con su propia reconfiguración de la administración pública federal. Hasta antes de que tomara posesión, efectivamente, este órgano pertenecía a Segob. Por lo que pedirle a la Segob sus gestiones para liberar internos, carece de fundamento.
Por otro lado, el Presidente pasa por alto que las dependencias del gobierno están conformadas por un “Estado profundo” (deep state). El llamado Estado profundo lo conforman los funcionarios que han sido parte del servicio público por años, incluso por diversos sexenios, y que tienen claro cómo funciona el aparato gubernamental y las consecuencias de aplicar o dejar de aplicar la ley.
En este sentido, a todos quienes hemos trabajado en el Gobierno Federal nos ha tocado lidiar con los diversos tipos de auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las auditorías parten de lo que las diversas disposiciones legales establecen que cada unidad administrativa debe realizar. Las facultades de cada unidad están en algún ordenamiento legal, generalmente llamados reglamentos interiores, y los funcionarios están obligados a cumplir con esas responsabilidades.
Cuando la ASF detecta que los funcionarios no cumplieron con las obligaciones que por ley deben cumplir, los sanciona. Las sanciones pueden ir desde cuestiones administrativas hasta procedimientos penales. Y, como ya vimos, el Ejecutivo ya no determina quién va o no va a la cárcel, sino que es el Poder Judicial. Así, el Presidente no podría hacer nada si se inician procedimientos penales contra sus funcionarios por no cumplir con la ley. Dudo mucho que los funcionarios de este Estado profundo estén dispuestos a ser sancionados, o incluso ir a la cárcel, por seguir directrices de un memorándum que no tiene fundamento legal.
