Día de dependencia
noviembre 26, 2018Quedan escasos días para que tenga lugar la transición federal de poder. El próximo sábado tendremos nuevo Presidente de México. Para muchos, se avecinan años de crisis económica y atrasos; para otros, es el comienzo del camino que llevará a México a convertirse en un país rico y desarrollado, sin pobreza ni corrupción.
Sin importar cual sea el resultado final –sin duda un punto medio entre ambas expectativas— quiero recalcar la ironía y el peligro que representa uno de los últimos posicionamientos del aún no Presidente: someter la investigación de los expresidentes por actos de corrupción a consulta popular. Dicha afirmación pone en tela de juicio no solo la credibilidad de la propuesta de AMLO para combatir la corrupción, sino también la posibilidad de que nuestro sistema judicial mejore durante su mandato.
No es ninguna noticia que parte de nuestro problema de corrupción e impunidad, y en general como país, es la marcada ineficiencia de nuestro sistema judicial y la falta de independencia que sufre. Desde jueces que no escriben –a veces ni siquiera leen— las sentencias que dictan, hasta los infames “fiscales carnales”; el sistema mexicano de justicia deja mucho que desear. Una de las propuestas clave del Sistema Nacional Anticorrupción es la independencia de las fiscalías y uno de los grandes fracasos de la administración de Peña Nieto es que se va sin nunca haber puesto ese sistema a funcionar.
La afirmación de AMLO es notablemente irónica, dado que él basó su campaña política en la promesa de erradicar la corrupción, a la que la atribuyó todos los problemas del país. ¿Por qué, si es la raíz de todos los problemas que tenemos, debe dudarse y someterse a discusión el atacarla? AMLO ya ganó la elección, no necesita que le hagan favores. ¿Por qué ponerse a repartir perdones? Tan solo la idea de perdonar a corruptos ya pone en tela de juicio que el compromiso de AMLO para erradicar la corrupción y la impunidad sea genuino. Y si ese compromiso no existe, no se va a lograr limitar la corrupción. Ya ni pensemos en erradicarla.
Pero más preocupante es la postura de AMLO de que el Presidente pueda decidir si se investiga a alguien o no, porque eso derrota todo el concepto de tener un sistema anticorrupción que sea independiente de los vaivenes políticos. Si, hoy son Calderón y EPN los potenciales beneficiarios, para no “alborotar al país”… pero mañana pueden ser los nuevos Secretarios de Estado, Gobernadores, Senadores… o el mismo Presidente.
Cuando la decisión ya descansa en una persona, es imposible garantizar que los criterios para decidir sean objetivos. Es llevar la figura de los fiscales carnales y del uso faccioso de instituciones a otro nivel, al nivel del cinismo. A este si lo investigamos y a aquel no… ¿por qué? Pues porque lo digo yo. O porque lo dice mi dedito, todavía embarrado de atole.
Por la misma línea, es preocupante el punto de vista que dicha postura transmite sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial es un Poder de la Federación y está al mismo nivel constitucional que el Ejecutivo, en teoría (porque en la práctica dichos ideales nunca se cumplen al 100%). El Poder Judicial debe ser libre para perseguir ilícitos, independientemente de preocupaciones políticas. No debe de depender del Presidente, ni de una consulta popular, si el Poder Judicial trabaja o no; por el contrario, debe de trabajar independientemente de lo que el Ejecutivo o la sociedad piensen.
Si existe causa legal que justifique investigar a los expresidentes y a sus colegas, que la fiscalía los persiga. Y si existen elementos para demostrar que son culpables de haber llevado a cabo conductas ilícitas, que los magistrados condenen y que se les aplique todo el peso de la ley. Ya no estamos en una sociedad en la que el público indicara con su mano si un gladiador debía morir o no. Pero si seguimos en este curso, tal vez volvamos ahí. Y no se ustedes, pero yo no quiero eso. Mejor criticar a tiempo, mejor poner atención. Hagámoslo a la Wagner.
