El éxodo rohingya
junio 19, 2019Por generaciones, el grupo étnico musulmán rohingya ha sido objeto de discriminación y segregación sistemática dentro del estado de Rakhine, una de las regiones más pobres de Myanmar. En 1982, el gobierno de Myanmar aprobó una ley en la que negaba la ciudadanía a los miembros rohingya, excluyéndolos de una larga lista de 135 grupos étnicos registrados en dicho país. Esta acción limitó inmediatamente el acceso de los rohingya a una vida digna, privándoles de derechos básicos como la educación, la atención médica y el libre tránsito, lo que instauró una clara discriminación en su contra, y perpetuó un modelo de violaciones y de abusos a través de políticas de supresión y marginación.
La postura del gobierno de Myanmar ha convertido a los rohingyas en uno de los grupos apátridas más grandes del mundo, su persecución ha forzado a más de 800 mil personas a huir a los países del sudeste asiático, como Malasia, Tailandia, Bangladesh e Indonesia, en barcos inseguros y saturados, a través de las aguas del estrecho de Malaca y el mar de Andamán. Al respecto, Myanmar niega la crisis y afirma que a raíz del aumento de la violencia, desde 2017, solamente 400 personas han perdido la vida y que un porcentaje muy bajo de rohingyas ha salido del territorio. Lo cierto es que, a medida de que aumentan los números en los países de acogida, los datos son cada vez más difícil de obtener, ya que aunque existen campos de refugiados oficiales, también se han creado asentamientos improvisados para dar una respuesta rápida al creciente número de refugiados.
La envergadura de la crisis supera fronteras, los países vecinos implementan restricciones que impiden la llegada de más refugiados. En mayo de 2019, Bangladesh informó que, debido a la saturación en sus campos, así como la falta de recursos, no podrá aceptar más rohingyas en su territorio. Myanmar, por su parte, niega la responsabilidad y se muestra reticente ante los conflictos internos de la nación.
La situación en el estado de Rakhine representa un reto para la seguridad asiática, debido a su carácter migratorio, religioso y étnico. En respuesta a la crisis, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementó un proyecto que tiene como objetivo acabar con la situación de los apátridas en el estado de Rakhine para 2024, a través de cuatro elementos clave: identificación, prevención, reducción y protección. Dado los ambiciosos alcances que supone, el plan en cuestión debe de contar con el respaldo de los involucrados, en específico, requiere que Myanmar asuma sus responsabilidades bajo el derecho internacional y proporcione a los refugiados un retorno digno y seguro.
Cinco años han pasado desde que la violencia en contra de los rohingyas llegó a niveles históricos en el estado de Rakhine, su estatus legal sigue siendo incierto, y sus condiciones de vida, aún dentro de los campos de refugiados, es inaceptable. Sin lugar a dudas, mientras el gobierno de Myanmar no implemente medidas que estén a la altura de la crisis, el ciclo de sufrimiento no cesará.
