¿Científicos sociales o ciudadanos responsables?
octubre 8, 2019Durante los últimos meses, en diferentes eventos académicos, planteé a reconocidos profesionales de la Ciencia Política la siguiente pregunta: ¿Hasta dónde debemos actuar como científicos sociales para poder empezar a hacerlo como ciudadanos responsables?
La inquietud surgió de la idea de que aquellos que nos dedicamos a las ciencias sociales, en este caso, concretamente al análisis de las instituciones, debemos ser no sólo imparciales, sino también cuidadosos de nuestros juicios y críticas, basándonos únicamente en hechos demostrables. He aquí la parte medular de la genuina inquietud: ¿Acaso cuando hablamos de crisis políticas, golpes de Estado, atentados contra la democracia, etcétera, no estamos frente a situaciones que avanzan extremadamente rápido en comparación a las ciencias sociales?
El argumento se centra en que a los científicos sociales nos enseñan, desde la universidad, que únicamente podemos emitir valoraciones sobre cuestiones 100% verificables. Sin embargo, la mayoría de los sucesos que atentan contra el Estado, la democracia, la soberanía, etc., no deben ni pueden ser analizados siempre así, pues estos son disruptivos. ¿Es esto una limitante para que desde el gremio de científicos sociales no se alce la voz, cuando el sentido común, y las experiencias propias y ajenas, nos dice que se está atentando contra nuestra imperfecta democracia?
Si la respuesta fuera que nos debemos esperar a hechos concretos, bien tendríamos, asimismo, que esperar a que se consolide aquello que es indeseable en una democracia. Si bien, alguien argumenta que, en casos extraordinarios, es legítimo alzar la voz, teniendo como base pequeñas evidencias de perjuicios contra las instituciones, deberíamos no ser 100% correctos de la investigación científica y cumplir con la responsabilidad que representa el reconocerse también como ciudadanos.
Cada uno tendrá su respuesta y sus tiempos, sin embargo, considero que aquellos que intentamos hacer análisis político –sobre todo de sistemas democráticos–, podemos, en ocasiones, dejar a un lado la rigurosidad científica y decir que algo evidentemente no va bien. Sería irresponsable esperar a que nos aprueben un paper en una revista indexada o a que nos acepten una ponencia en el próximo congreso, pues también ser ciudadano conlleva obligaciones.
Es perceptible que hoy, en México, se encuentra amenazada la división e independencia de los poderes; que la libertad de prensa es cuestionada por el Presidente; que existe un uso personalista de las instituciones; que se atenta contra el mandato ciudadano, como sucede en Baja California; que hay grises propios del sistema autoritario mexicano del siglo XX, que nos impiden saber qué sucedió exactamente en el percance aéreo donde murió la exgobernadora de Puebla, mientras ya su principal rival ocupa la oficina.
Antes del 2000 no existían pruebas tangibles que permitieran, por ejemplo, decir que el Presidente de la República tenía la facultad metaconstitucional de elegir a su sucesor y/o remover gobernadores, sin embargo, ello no fue impedimento para conformar una amplia bibliografía al respecto, pues los científicos sociales saben que no todo sucede a través de reglas formales y que también a las informales hay que prestarles atención. Quizá solamente haga falta entender que no siempre hay tiempo, que la realidad política avanza todos los días, mientras la realidad académica lo hace sigilosamente, identificando las huellas que deja la primera.
Entiendo la necesidad que existe de corresponder a la obligación que tenemos como científicos sociales; pero también creo en la responsabilidad ciudadana que tenemos en torno a nuestra democracia.
