El peligroso oficio de informar en México
diciembre 19, 2019Esta semana, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado su balance para el año 2019. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que evalúa cada año la situación del periodismo en 180 países, revela la existencia de una dinámica de miedo que dificulta el desarrollo de la actividad periodística. Como en años anteriores, los resultados sitúan a América Latina, con México a la cabeza, como la región más peligrosa para los periodistas en tiempos de paz. De los cuarenta y nueve informadores asesinados a nivel global, catorce de ellos han perdido la vida en Latinoamérica: diez de ellos en México, dos en Honduras, uno en Colombia y uno en Haití.
Las cifras evidencian que México es un país mortífero para la prensa, tanto en términos de violencia como de impunidad. Así, pese a que tras la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha rebajado las tensiones entre el gobierno y la prensa mexicana, el 90% de los asesinatos a periodistas permanecen en la impunidad. Como ejemplo, el informe cita los asesinatos de la periodista Norma Garabia Sarduza y de su colega Francisco Romero Díaz como evidencia de la ineficacia de las autoridades mexicanas para frenar la espiral de violencia contra la prensa. Y es que la primera había reclamado protección antes de su asesinato y el otro contaba con medidas de seguridad.
Estos resultados deben invitar, como mínimo, a reflexionar las bases que sustentan a la sociedad mexicana. Y es que la libertad de prensa es algo más que un derecho, es un indicio de una población informada y un indicador para evaluar la transparencia y los valores democráticos de un país. Por tanto, es fundamental que la prensa pueda garantizar su pluralismo e independencia, dentro de sus marcos regulatorios, y se asegure la integridad de los periodistas.
México necesita emprender medidas que garanticen la libertad de expresión, fortaleciendo los mecanismos de atención a delitos cometidos en este ámbito, creando unidades especializadas y estableciendo protocolos homologados que actúen como garantes de la libertad de prensa. Junto a esto, es importante adoptar directrices para asegurar la existencia de medios plurales y crear canales de participación social que incrementen la protección de la libertad de expresión. Por tanto, es fundamental la implicación de las instituciones en la protección de la libertad de expresión y del ejercicio de la actividad periodística.
Sin embargo, también debe subrayarse la responsabilidad de lectores y audiencias en esta cuestión. La sociedad civil no debe permanecer indiferente ante el clima hostil que vive la prensa y debe implicarse en fomentar un periodismo de calidad, así como el respeto al trabajo de los periodistas. Al fin y al cabo, los medios absorben parte de su poder de la comunidad a la que sirve, a la par que empoderan a la sociedad para que sea una aliada en los procesos democráticos de un país.
México ha fallado en su lucha para garantizar la libertad de prensa y el Estado está en deuda con todos los periodistas que han perdido la vida en la búsqueda y difusión de información. Los sucesivos gobiernos se han mostrado apáticos e ineficientes, impidiendo frenar la ola de violencia contra los profesionales de la información. Por ello, es tiempo de propiciar prácticas que garanticen la protección a los periodistas y la libertad de prensa, así como de realizar investigaciones serias que identifiquen a los responsables de la vulneración de estos derechos.
