Crisis en Ecuador
octubre 17, 2019Ecuador ha vivido en el caos desde que el pasado 1 de octubre el Presidente, Lenin Moreno, anunciara la aprobación del Decreto 883. Éste contenía un paquete de medidas entre las que destacaban la eliminación de los subsidios a la gasolina (diésel y extra), la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la reducción de las vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, la disposición de que los trabajadores de empresas públicas aporten al Estado con un día de su salario al mes, la flexibilización del mercado laboral a través de la introducción de nuevas formas de contratación y la eliminación de tasas y aranceles para equipos y maquinaria para la producción.
Medidas que apenas once días después se ha visto obligado a revocar ante las numerosas movilizaciones y violencia social generada a lo largo y ancho del país. El país parece volver poco a poco a la calma después del acuerdo alcanzado entre el Presidente y los líderes indígenas, pero sigue la incertidumbre. La negociación de un nuevo decreto, que contemple subsidios focalizados, sigue despertando recelo entre algunos sectores que ven en esta medida una maniobra del Presidente para ganar tiempo y apagar las protestas.
La crisis originada por el Decreto 883 nos recuerda al Ecuador de la década de 1990. Revueltas, daños materiales, saqueos, desabastecimiento y escasez de gas han sido sólo alguna de las imágenes de estas largas jornadas de tensión. Estos hechos han evidenciado el principal problema que subyace tras el conflicto: la debilidad del Ejecutivo ecuatoriano.
El oficialismo es débil. No cuenta con una mayoría en el Legislativo y es difícil que a mitad de mandato logre sacar adelante alianzas lo suficientemente fuertes como para aprobar las reformas laborales y tributarias que proponía con el Decreto 883. Desde el primer momento éstas tuvieron un alto coste social y fueron rechazadas de manera rotunda por los movimientos sociales que las califican de elitistas, neoliberales y “vendepatrias”. A la debilidad política del gobierno debe sumarse su incapacidad para prever y canalizar el conflicto social. Tras la eliminación de los subsidios a la gasolina estallaron numerosas movilizaciones, en las que la dosis de violencia fue elevándose hasta llegar a un saldo de 7 fallecidos y más de 1,300 heridos.
En este escenario de incontrolable violencia, el gobierno llamó al diálogo, al tiempo que mantuvo el estado de excepción decretado en el segundo día de paro y declarando que no daría marcha atrás. Sin embargo, se mostró incapaz de contener la violencia y la represión no hizo más que avivar el conflicto. El movimiento indígena, por su parte, declaró que no cesaría el paro hasta que el gobierno derogue el Decreto 883 que eliminó el subsidio del gas.
Finalmente, las partes lograron limar tensiones y la noche del domingo 13 de octubre se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y los indígenas con la aprobación del Decreto 894. Éste deja sin efecto el Decreto 883, contempla la elaboración de un decreto que permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral, con criterios de racionalización, fiscalización y sectorización y se restablecen los precios establecidos antes del Decreto 883. Para algunos es la solución al conflicto; para otros sólo un parche que retrasa la aplicación de medidas económicas de ajuste. El tiempo lo dirá. De momento, queda recapacitar sobre los problemas estructurales que subyacen en la crisis ecuatoriana y comenzar a aplicar medidas efectivas que los subsanen. Y que esto sirva como espejo para todos los problemas de institucionalidad que subyacen en diferentes partes de la región.
