Estallido social en Colombia
mayo 6, 2021En 2019, cuando la COVID-19 aún no había llegado a nuestras vidas, la fatiga democrática y el desencanto hacia la política ya eran una pandemia en América Latina. Desde México a Argentina, la población mostró su indignación y las protestas fueron constantes. En países como Chile, Ecuador, Bolivia o Haití, los ciudadanos salieron a la calle para protestar contra la gestión de sus presidentes. En otros como Argentina, Uruguay o Colombia, los procesos electorales amenazaron la continuidad de sus respectivos gobiernos. Cosa que finalmente acabó ocurriendo: el kirchnerismo volvió a Argentina, el Frente Amplio perdió el poder en Uruguay después de 15 años al frente del gobierno y en Colombia las elecciones municipales confirmaron el declive de la derecha uribista.
La pandemia y las restricciones que con ella vinieron aparejadas parecieron calmar el nivel de protesta en América Latina. No obstante, la interrupción de la acción colectiva fue sólo un paréntesis. La crisis económica y social que ha acompañado a la crisis sanitaria ha provocado que en la segunda mitad del 2020 los latinoamericanos volvieran a las calles. Las brechas en la desigualdad, los tics autoritarios y populistas de algunos líderes, el retorno a las políticas de austeridad y los recortes de derechos han sido algunos de los detonantes para el estallido de la movilización social. La pandemia ha servido para volver a evidenciar la debilidad de muchos estados latinoamericanos y su incapacidad para hacer frente a coyunturas críticas.
El último estallido ha ocurrido en Colombia, tras la presentación de una reforma fiscal por parte del Ejecutivo. No obstante, más allá de la indignación por las medidas tributarias propuestas, la protesta ha resucitado viejas demandas y críticas al gobierno. Y es que no debemos olvidar que a finales de 2019 determinados grupos comenzaron a levantarse contra las políticas del Ejecutivo. Las principales reivindicaciones se orientan en torno a tres grandes ejes: la búsqueda de una economía más igualitaria, la reforma de la fuerza pública y la mejor implementación del proceso de paz.
Pese a que en un primer momento el presidente defendió su propuesta y afirmó que las protestas no iban a frenar la reforma, al cabo de unos días dio marcha atrás. Tras cuatro jornadas de movilización, Duque decidió retirar el proyecto con el que pretendía equilibrar las cuentas del Estado, tras la crisis derivada por la COVID-19. Veinticuatro horas después, dimitió Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y responsable de la reforma. En su carta de renuncia destacó que su continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción de consensos para dar continuidad a los programas de protección social y económica que comenzaron a expirar el pasado mes de marzo.
La coyuntura a la que se enfrenta Colombia es complicada. Y es que, pese a las fuerzas movilizaciones, los expertos económicos consideran necesario llevar a cabo una reforma tributaria. El Estado necesita recaudar más para poder hacer frente a todas las ayudas a los grupos más desfavorecidos. Incluso partidos de la oposición coinciden en el diagnóstico. Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a los tiempos. La reforma propuesta es una medida muy impopular y el momento es muy crítico, por lo que muchos abogan por posponerla.
De momento, lo prioritario es evitar altercados violentos e iniciar la búsqueda de consensos para abordar los procesos de reforma. Sin embargo, se esperan meses complicados y es previsible que, más tarde o más temprano, tengan que adoptarse medidas de ajuste para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Es prioritario entonces la voluntad de diálogo, la adopción de acuerdos y la adopción de criterios que permitan lograr el tan difícil equilibrio entre economía y bienestar.
Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7
Imagen: twitter.com
