De los salarios excesivos
diciembre 11, 2018Uno de los temas más mediáticos de los primeros días del nuevo gobierno es la suspensión, ordenada por el ministro Alberto Pérez Dayán, de la nueva Ley de Remuneraciones promovida por el gobierno morenista. Dicha ley busca mantener un viejo principio mexicano: el de que ningún funcionario público puede recibir un sueldo superior al del Presidente… pero reduce notablemente el salario presidencial y por lo tanto todos los demás. La acción de la SCJN ha desatado una controversia en redes y columnas editoriales e incluso ha llevado a que se llame a marchas y consultas populares para exigir la renuncia o destituir a los ministros. Mal, todo mal.
El principio en cuestión es uno muy simple: la reducción salarial. Una de las protecciones fundamentales que tenemos los trabajadores contratados es que nuestros patrones están legalmente impedidos a “bajar el sueldo” de forma unilateral. Para bajarle el sueldo a alguien, el involucrado debe o estar de acuerdo en hacer un nuevo contrato o debe liquidársele y recontratársele con nuevas condiciones. Y si el empleador ignora la ley, el empleado tiene plena causa de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde muy probablemente ganará. Claro, esto no siempre pasa en la práctica, pero es lo que dice la ley. La última movida del Secretario de Hacienda, de liquidar, pero prohibir la recontratación del funcionario a menos que se reembolse la liquidación, es una forma de respetar la letra pero no el espíritu de la ley.
Jueces, fiscales y docenas de otros funcionarios públicos no son diferentes de otros trabajadores en ese sentido y tienen los mismos derechos; en ese sentido, si el gobierno llega con una persona que lleva años trabajando en una dependencia federal ganando x y le dice “ahora vas a ganar y”, la ley está siendo violada. No es un tema de decencia o de austeridad, sino de derecho laboral. Y no importa la cantidad que gana el funcionario, sino que él (o ella) está protegido de que se le busque bajar el salario contra su voluntad.
¿Que si hay formas legales de ahorrar? Por supuesto. Existen prestaciones que van más allá de lo necesario para desempeñar funciones y esas pueden irse. Por ejemplo, es a todas luces injusto que los legisladores cobren 40, 60, 80 o hasta 120 días de aguinaldo, sin prorrateo, cuando el ciudadano promedio cobra 15, prorrateados. Es igualmente innecesario que algunos funcionarios se transporten en verdaderas flotillas de camionetas de lujo, reciban decenas de miles de pesos en vales de gasolina al mes, tengan empleados públicos a cargo de la limpieza de sus residencias privadas o puedan contratar amigos y familiares en sus dependencias. Todo eso se puede ir, adiós.
¿Qué no se puede hacer? Violar la separación de poderes. He escuchado por ahí a personas diciendo que “los Ministros van a ser sometidos”… y yo me pregunto, ¿sometidos a quién? Toda noción de sometimiento del Poder Judicial es peligrosa y atenta contra las bases del Estado de Derecho. La independencia judicial, que no es un fuerte de México, sí debe ser una meta del presente gobierno. No al revés. Para que el Poder Judicial haga bien su trabajo, requiere autonomía e independencia, tanto política cuanto presupuestaria. Es un principio democrático central. Por eso en numerosas jurisdicciones los nombramientos de la máxima instancia son vitalicios. Aquí no, pero aún así no se puede buscar destituir ni obligar a renunciar a los Ministros. Sería una de las peores maneras para empezar el sexenio.
AMLO debe pronunciarse a favor de respetar la independencia del Poder Judicial. Ya tendrá influencia en el Pleno con los nuevos nombramientos que podrá realizar y estoy de acuerdo que existen beneficios que deben limitarse o eliminarse; pero, ¿buscar someter al Poder Judicial por defender a empleados públicos de que se les baje unilateralmente el sueldo? No.
