Deberes jurídicos y deberes ciudadanos
mayo 2, 2019La semana pasada, en plena vorágine preelectoral en España, recibí la llamada de un periodista que quería hacerme algunas preguntas sobre el voto obligatorio en América Latina y las ventajas e inconvenientes asociados a esta práctica. La verdad es que agradecí dejar de lado por un momento las encuestas electorales y las cábalas sobre los resultados, para ponerme a pensar sobre las implicaciones que una decisión jurídica, como la obligatoriedad del voto, puede tener en la vida política de un país. Y, pese a que el periodista me preguntaba por la experiencia latinoamericana, no pude evitar extrapolar la cuestión al caso español.
Pertenezco a una generación nacida en democracia, que nunca tuvo que luchar por conseguir derechos civiles y políticos, y crecí en una sociedad cada vez más desafecta y desconfiada hacia la clase política. Esta combinación entre democracia sin esfuerzo y descontento hizo que, ante las preguntas del periodista, me surgiera el dilema de si el voto debe ser un deber jurídico, un deber ciudadano o simplemente un derecho que uno puede decidir ejercer o no, libremente.
En España, donde el sufragio no es obligatorio, durante años han sido frecuentes las expresiones “¿para qué voy a ir a votar si luego (los políticos) hacen lo que quieren?” o “mi voto no va a servir para cambiar nada”. Sin embargo, algo cambió en las últimas elecciones: el fragmentado escenario político y la amenaza del auge de la extrema derecha propiciaron una mayor movilización electoral y se asumió la importancia de acudir a las urnas. Esta vez el razonamiento era “si no votas, después no te quejes” o “si te quedas en casa, quizás luego te arrepientas”. Se trató, en definitiva, de evitar el arrepentimiento de los desmovilizados, tal como ocurrió con el Brexit en Reino Unido o la victoria de Trump en Estados Unidos.
Es entonces cuando me pregunto: ¿debería la ley impedir, a través del sufragio activo obligatorio, una desmovilización que puede tambalear los cimientos de la vida política y que abre ventanas de oportunidad a escenarios no deseados por los descreídos y desafectos? Desde el punto de vista jurídico-conceptual, la obligatoriedad del voto puede tener una justificación si se entiende que es un derecho, cuya plena materialización se manifiesta sólo al ejercerlo. Asimismo, puede incentivar el compromiso cívico e incrementar la percepción de legitimidad, obligar a la inclusión de los sectores más vulnerables –quienes son los primeros en dejar de participar en lo público– y puede servir como freno a ideologías extremas. Por el contrario, sus críticos destacan que vulnera un principio de libertad intrínseca asociado al voto, ejercer la abstención, y no actúa necesariamente como garante de calidad democrática.
Personalmente, siempre he defendido el voto como derecho y no como obligación jurídica. Y tampoco imagino como factible la implantación del sufragio obligatorio en la España actual. No obstante, sería un error obviar que existe un problema cuando una parte importante de la sociedad no ejerce su derecho, por el desánimo que le genera el escenario político. Por tanto, la clave está en entender que el voto no debe ser un deber jurídico, pero sí cívico y que la indiferencia no es el mecanismo frente al descontento.
El sufragio obligatorio no genera, necesariamente, una ética de la responsabilidad ni es la solución a los problemas de falta de representatividad, pero la conciencia ciudadana sí puede evitar lamentaciones tardías, las cuales suelen llegar cuando hemos tenido la oportunidad de cambiar algo con nuestro voto, pero hemos preferido quedarnos en casa viendo la tele y maldiciendo a nuestros políticos.
