Paro nacional en Colombia
noviembre 28, 2019América Latina se encuentra inmersa en una ola de protestas antigubernamentales, que han servido para hacer un llamado de atención a los líderes políticos y poner en evidencia muchos de los problemas estructurales que afectan a la región. Tras la caída de los precios de las materias, Latinoamérica se ha visto sumida de nuevo en la crisis y, pese a que se trata de una situación cíclica en el continente, hay un elemento que marca la diferencia respecto al pasado: en el periodo de bonanza económica, el tamaño de la clase media se incrementó como nunca antes lo había hecho. Ello ha contribuido a que la ciudadanía se haya vuelto más informada, crítica e intolerante con la desigualdad y la corrupción.
Tras los estallidos de protesta en países como Ecuador, Chile o Bolivia, ahora le ha llegado el turno a Colombia. El pasado 4 de noviembre, sectores opositores al gobierno de Iván Duque convocaron un paro nacional para el día 21 de ese mismo mes. En un país sin tradición de protesta, como es el caso de Colombia, la jornada fue histórica y tuvo una adhesión sustancialmente superior al paro de coteros e indígenas contra Álvaro Uribe en 2008, el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013 o las marchas después de que el plebiscito de paz fuera rechazado en 2016. Así, pese a que la huelga fue convocada originalmente por las centrales obreras, pronto se convirtió en una protesta en contra de la corrupción, la reforma de las pensiones, laboral y educativa, y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es decir, la población salió a la calle, aglutinando diferentes demandas, para movilizarse en contra del actual presidente y el orden establecido.
Tal como ya ocurrió en Chile o Ecuador, la respuesta del gobierno involucró el uso de las Fuerzas Armadas. El país se militarizó, acuarteló al ejército y cerró las fronteras. Al mismo tiempo, aunque tanto el paro como las movilizaciones que le siguieron en los días posteriores fueron mayoritariamente pacíficos, hubo algunos estallidos de violencia. Disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y un saldo de 3 fallecidos y centenares de heridos fueron la parte más negativa de las jornadas. Desde el gobierno, el presidente Duque se refirió a los actos de violencia como experiencias de vandalismo que nada tenían que ver con el espíritu general de los que marcharon y defendió el diálogo social como instrumento para agregar las demandas de los sectores críticos con el gobierno.
La situación es crítica para Duque, quien, según la encuesta de Gallup de octubre de 2019, cuenta con una desaprobación del 69%. Especialmente críticos son los jóvenes, quienes han estado fuertemente movilizados durante el 2019, principalmente a través de movimientos estudiantiles, y han tenido una fuerte presencia durante el paro. Todo ello denota un cambio en la cultura política del país. Las nuevas generaciones evidencian su descontento hacia los partidos tradicionales así como su problemática adscripción a la democracia representativa clásica. Reivindican un mayor protagonismo de la sociedad civil y se muestran más críticos con la inequidad y los problemas de inclusión.
El futuro inmediato de Colombia no está nada claro. No obstante, resulta innegable el efecto arrastre que está experimentando la movilización social en América Latina. La lucha contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción se extienden por toda la región. Las nuevas generaciones piden nuevas formas de hacer política y se muestran mucho más críticas frente a las irregularidades y las fallas institucionales. No obstante, para que todas estas movilizaciones no caigan en saco roto es necesario que se asuman liderazgos responsables, que se fortalezcan las instituciones, que se apueste por políticas sociales y no clientelistas y, sobre todo, que se rompa con muchas inercias políticas e institucionales. Y es que, para avanzar, es necesario que los sistemas políticos latinoamericanos se reformen desde sus bases, atendiendo a sus estructuras. Los cambios superficiales, las reformas que no atienden a los problemas estructurales o el mero cambio de líderes son insuficientes para acabar con el descontento social y la debilidad institucional de la región.
