Argentina y la legalización del aborto

diciembre 17, 2020 Desactivado Por La Opinión de

El pasado 11 de diciembre, Argentina dio un paso más en la lucha por los derechos reproductivos. Tras años de lucha, que ni siquiera la pandemia logró parar, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la legalización del aborto. En estos momentos el texto se encuentra ya en el Senado, donde deberá ser discutido en las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud. Si obtiene el dictamen positivo de los senadores que integran las citadas comisiones, la ley podrá ser discutida en sesión plenaria el próximo 29 de diciembre.

El proyecto, que fue redactado por el Ejecutivo de Alberto Fernández, permite la irrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Ello supone un avance respecto a la actual legislación, vigente desde 1921, en el cual sólo se permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre. En el resto de supuestos, la interrupción del embarazo se considera un delito penado hasta con cuatro años de cárcel.

No es la primera vez que los legisladores argentinos discuten sobre esta cuestión. En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se trató de legalizar el aborto. Pese a conseguir la aprobación del Congreso con 129 votos a favor y 125 en contra, al llegar a la Cámara Alta el proyecto fue rechazado por 38 votos negativos frente a los 31 positivos. Pese a las numerosas movilizaciones sociales en defensa del proyecto de ley, el proceso fue terriblemente complicado.

La aprobación en el Congreso pendía de un hilo y hasta unas horas antes de la votación, los partidarios del “sí” la daban por perdida. Todos los bloques votaron divididos, a excepción de la izquierda, y la balanza se inclinó por el cambio de voto de última hora de algunos legisladores. Esta victoria hizo pensar a algunos que quizás la ley podría terminar viendo la luz, pero el Senado se convirtió en infranqueable. En esta Cámara, mucho más conservadora y donde se representan los intereses de las provincias del interior, la mayoría de los senadores se ampararon en sus creencias religiosas y en la necesidad de salvar vidas para justificar su negativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

No obstante, la decisión de mantener el aborto como delito no impide que muchas mujeres interrumpan sus embarazos. Según diferentes estimaciones, cada año entre 350,000 y 450,000 mujeres abortan en la clandestinidad argentina. La gran mayoría de ellas en condiciones insalubres, poniendo en riesgo sus vidas, al acudir a médicos no profesionales o haciendo uso de métodos peligrosos como perchas, sondas o agujas de tejer. No se trata, por tanto, sólo de una cuestión moral sino de un problema de salud pública.

En esta ocasión, parece que el debate va a ser menos tenso que hace dos años y que el oficialismo avanza en la búsqueda de consensos. Los números están más ajustados en la Cámara Alta, aunque nadie da por segura la aprobación de la ley. Todo el movimiento que respalda la legalización del aborto prefiere no plantear el debate en términos de aborto sí o no, sino en torno a la disyuntiva de aborto legal o clandestino. Espera que el Estado argentino salde esta deuda ya histórica con las mujeres y que su experiencia sirva para extender el debate a otros países de la región.

El debate en torno a la interrupción del embarazo sigue dividiendo a la sociedad argentina, pero al menos ha dejado de ser un tabú. Partidarios y detractores se movilizan en las calles, representantes y representados exponen sus posturas y afloran cifras y datos sobre los riesgos asociados a las prácticas clandestinas para interrumpir el embarazo. Sin duda, tanto la experiencia de 2018 como la actual contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil y a la lucha por los derechos. Obliga a la búsqueda de puntos de encuentro, a repensar posiciones morales, a la búsqueda de alternativas y a sopesar, en los casos en los que haya conflicto, la importancia que se otorga a las convicciones y a la salud pública. Estos debates, más allá de los fines concretos que persiguen, son una gran oportunidad para hacer funcionar la democracia.

Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7