Se van… se van… ¿se fueron?
septiembre 24, 2018Dando seguimiento al tema de las finanzas públicas de la nueva administración, en este espacio me voy a enfocar al efecto que, de llevar a cabo algunas de las propuestas de austeridad, tendrán en la administración pública. En concreto, al riesgo que la nueva política de austeridad plantea para la retención de talento en el gobierno federal.
Primero, una admisión. Debo reconocer que, después del drama que fue la maniobra entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y de las declaraciones de Mario Delgado a propósito de la falta de acuerdo entre los legisladores para reducir sus dietas, no creí que Morena fuera a cumplir con sus compromisos legislativos al respecto de la austeridad. Hoy admito que, aunque las dietas no se redujeron, las prestaciones de los legisladores sí fueron eliminadas. En teoría, esto permitirá un ahorro al erario de cientos de millones de pesos. Veremos si es cierto. Pero no es tanto ese tema el que me preocupa, sino la otra acción de Morena en el mismo periodo: la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, sobre todo, los efectos que tendrá en el corto plazo.
En concreto, esta ley hace dos cosas: eliminar las pensiones presidenciales –otro viejo compromiso de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– y establecer el salario presidencial como el absoluto máximo en la Administración Pública Federal (APF). En pocas palabras, nadie podrá ganar más que el Presidente, lo que según AMLO ascenderá a tan solo 108 mil pesos mensuales. Y mientras que esta cantidad puede parecer gigantesca, en un país donde el salario mínimo está muy por debajo del costo de la canasta básica, no lo es, sobre todo si lo comparamos con el sector privado.
Son numerosos los puestos públicos que, debido a su perfil técnico y que requieren amplia preparación y experiencia, cuentan con una remuneración dos, tres o hasta cinco veces superior al “nuevo” salario presidencial. ¿Está mal? No, por una simple razón: se debe de competir por el talento. Es válido esperar que la vocación cubra un diferencial de 100% del ingreso… pero un diferencial de 200% o 300% es otra cosa. ¿Ustedes aceptarían ganar 10 mil cuando les ofrecen 40 o 50 mil pesos? Yo no.
A raíz de la nueva ley, multitud de funcionarios de alto rango han comenzado a reevaluar sus futuros profesionales. Y no estamos hablando de legisladores dormilones, alcaldes que “roban poquito”, ni gobernadores que se roban quimioterapias. Estamos hablando de profesionales altamente preparados, con trayectorias de 20 o 30 años en la administración pública y amplísima experiencia en áreas como la economía, la ingeniería petroquímica, el derecho, la diplomacia o el comercio internacional.
No sé ustedes, pero el prospecto de perder a los funcionarios que llevan tres décadas vigilando la inflación, la estabilidad monetaria, el respeto de las garantías individuales o nuestra red de libre comercio me preocupa. No son áreas en las que se pueda encontrar sustitutos fácilmente, y los sustitutos que serían apropiados están muy por encima de la línea de ingreso que se les podrá ofrecer. Si de por sí nuestra burocracia sufre de ineficiencias, no me quiero imaginar su desempeño bajo una curva de aprendizaje empinada y con incentivos notoriamente inadecuados.
¿A qué voy con todo esto? No está mal tener funcionarios muy bien pagados cuando su experiencia y responsabilidad lo justifican. No está mal que funcionarios ganen más que el Presidente (quien no toca un solo peso de su salario durante el sexenio), cuando los requisitos que deben de cubrir para su puesto son mucho más estrictos o cuando sus gastos deben hacerlos en moneda extranjera. Como en cualquier empresa, la APF debe invertir en atraer y retener el talento que necesita. El buen manejo de áreas cruciales para la estabilidad y el desarrollo de nuestro país dependen de ello.
¿Qué sí está mal? Que se permitan aviadores en las dependencias. Que se hagan adquisiciones con sobreprecios del 50%, 60% o incluso superiores al 100%. Que se jineteen las nóminas. Que se recorte el gasto social pero se mantengan los bonos de productividad de los legisladores. Es a esos, y a otros muchos actos de corrupción y de ineficiencias de gasto, a los que se debe de enfocar Morena, no a castigar funcionarios comprometidos que, de por sí, trabajan mucho más de lo que les requiere su contrato.
