¿Está de vuelta el autoritarismo presidencial?
mayo 31, 2019El circo: durante la administración de EPN, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) repitió que el entonces Presidente era un corrupto. Así, sin más pruebas. Durante la campaña a la Gubernatura del Estado de México, en abril de 2017, a pregunta expresa del periodista Ciro Gómez Leyva, AMLO dijo que Peña era un corrupto por haber comprado Fertimex a un exorbitante sobreprecio, que debía ser juzgado por ello.
La maroma: desde la campaña presidencial, López Obrador ha sostenido que “hará un borrón y cuenta nueva”. Ayer se giró una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, director de Pemex en la época de la adquisición de Fertimex por la paraestatal. Como una feliz coincidencia el Presidente, en la mañanera, nos regaló una perla de declaración: había prometido borrón y cuenta nueva, pero no “parar” las investigaciones que ya existieran.
La política: si hay una constante en el Presidente, desde que ganó, es cumplir a cabalidad todas las promesas de campaña que representen una reivindicación, una venganza de sus votantes, con las anteriores administraciones.
Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el responsable de este tema. Es el extitular de la Fepade, cercano a López Obrador, que, violando la reserva en la investigación, aseguró que Lozoya había aceptado un soborno de la empresa Odebrecht y que con dichos supuestos recursos se había financiado la campaña de EPN.
Hoy existe una orden de aprehensión contra Lozoya, no por el tema electoral ni de corrupción, por los que ya fue exonerado, sino por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; mientras que Alonso Ancira, Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), la siderúrgica más importante de América Latina y contraparte en la compraventa de Fertimex, ha sido detenido provisionalmente en España con fines de extradición.
Lo anterior, vino acompañado por el congelamiento de 29 cuentas a nombre de AHMSA, ilegalmente emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (le competería a la Fiscalía General de la República o a un Juez de Distrito), de las cuales el Presidente “intercedió” ante el titular de la UIF, para que las descongelara y no afectar a los trabajadores ni las operaciones de la empresa.
¿Y la ley? La petición de extradición no tiene sustento, la inmovilización de cuentas, fue ilegal y la “intercesión” presidencial también; ni Lozoya ni Alonso han sido notificados de que existiesen investigaciones en su contra, vaya, es más que evidente que todo esto pasa por orden del Presidente, sin importar que sea ilegal, a la usanza de las peores épocas que hemos vivido en el país.
