Cultura fiscal y desigualdad
julio 25, 2019Que América Latina es la región con más desigualdad del mundo no es algo nuevo. Durante décadas, numerosos informes y estadísticas de los más variados organismos han evidenciado la falta de equidad y sus consecuencias en los diferentes países latinoamericanos. Este problema, perdurable en el tiempo, responde a diferentes causas, que van desde ciertas inercias históricas a la concentración del capital. Sin embargo, una de las razones más poderosas es el precario sistema impositivo y su escasa fuerza redistributiva.
Históricamente, los sistemas impositivos en América Latina no sólo han sido modestos en su retribución sino que han mostrado un carácter claramente regresivo. Aquellos con mayores ingresos han aportado a las arcas del Estado, comparativamente, menos que los que han contado con las rentas más bajas. Incluso durante el llamado ciclo a la izquierda o en anteriores experiencias de gobiernos progresistas, las reformas sustantivas a los sistemas impositivos han sido prácticamente nulas. Se introdujeron reformas, sobre todo en el ámbito redistributivo, pero nunca se llegó a rediseñar el modelo tributario.
La reticencia a pagar impuestos, la falta de cultura fiscal y cierta conciencia de clase, que respalda la aversión a pagar impuestos de las rentas más altas, han contribuido a un panorama cada vez más inequitativo. Y, lo peor, es que parece que esta cultura de rechazo hacia el pago de impuestos no va a cambiar a mediano o largo plazo. Hablar de tributación en América Latina muchas veces es entendido como sinónimo de estatismo e ineficiencia y el concepto de redistribución choca con la noción individualista de responsabilidad, presente en la región.
Pero hablemos de cifras, para ejemplificar las repercusiones de esta ausencia de cultura fiscal; mientras que, de media, los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tienen una presión fiscal en torno al 35%, en América Latina el porcentaje apenas supera el 20%. Esta baja carga impositiva repercute directamente en los niveles de desigualdad, como así demuestra el Índice de Gini. Mientras que en el ámbito de la OCDE la implantación de acción fiscal directa tiene como resultado un descenso en la desigualdad del 17%, en América Latina apenas llega al 3%.
Tras estas cifras, sin embargo, se oculta una realidad aún más compleja que trasciende los límites del mero diseño tributario. La desigualdad trae aparejada fractura y la fractura muchas veces viene acompañada del conflicto o, en el peor de los casos, de la indiferencia. Cuando la fractura adquiere la apariencia del conflicto, el enfrentamiento y la violencia impide a las sociedades progresar y les dota de una fuerte inestabilidad en todos los planos, desde el económico al institucional. Situación preocupante, sí.
Pero si me apuran, me parece aún más peligroso cuando la fractura se viste de indiferencia y deja en el andén a masas de población que pasan a ser irrelevantes, que no cuentan ni para las estructuras económicas ni gubernamentales y que se convierten en los grandes excluidos del sistema. No importa si existen o no, si están desaparecidos o viviendo en una villa miseria. Y es ahí cuando nos planteamos si Estado y capital están al servicio de la sociedad, o viceversa.
