Ayotzinapa, siete años después
abril 29, 2021Aunque parece que ya queda muy lejano aquel septiembre de 2014, en el que cuarenta y tres estudiantes de Guerrero desaparecieron, para algunas familias el tiempo parece no haber pasado. Así, los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa han anunciado una jornada de búsqueda entre el 19 y el 23 de mayo. Ante la falta de avances en la búsqueda del paradero de sus hijos, sus allegados vuelven a movilizarse en busca de respuestas.
Después de siete años, los padres de los jóvenes aún están a la espera de una verdad científica sobre lo que ocurrió en aquella jornada y denuncian la falta de resultados por parte de la Fiscalía General de la República. Crítica que también extienden a las Fuerzas Armadas, las cuales según los afectados entregan información muy limitada de lo que se les requiere para hacer avanzar la investigación.
La mayoría de las preguntas sobre qué ocurrió aquel día siguen abiertas y sin respuesta. Además, la información vertida por los diferentes actores ha convertido el estudio del caso en algo caótico. La Fiscalía, los expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, periodistas, académicos, activistas… todos ellos han contribuido al debate, generando una gran masa de información en la que cada vez es más complicado discernir los hechos probados de los indicios o las meras especulaciones.
Parte de este caos deriva de las irregularidades de la primera parte de la investigación. Parecen existir indicios de que autoridades oficiales estuvieron implicadas en el caso, colaborando con una red criminal. Expertos independientes trataron de aportar luz a lo que les ocurrió a los jóvenes desaparecidos y apuntaron líneas a seguir. Pero, a día de hoy, los esfuerzos no han logrado alcanzar una resolución fructífera del caso y las familias esperan algo más que especulaciones o posibles líneas de investigación.
Buscan hechos probados y el avance en acciones concretas. En primer lugar, avanzar en las detenciones de personas implicadas en la desaparición y de autoridades que no realizaron de manera diligente la investigación. En segundo lugar, no caer en los mismos errores en los que se incurrió con la verdad histórica de que los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula. Pese a que los expertos negaron esta posibilidad, las autoridades todavía especulan con que parte de los jóvenes sí que pudo ser hecho desaparecer en el basurero sin aportar pruebas que sustenten tal afirmación.
Asimismo, las familias reclaman la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Habiendo asumido que ya no están con vida, reclaman a las autoridades al menos recuperar sus cuerpos y que estos permitan esclarecer lo ocurrido. Y es que, después de siete años, únicamente se han hallado restos de dos de los cuarenta y tres estudiantes. Junto con esto, las familias también hacen hincapié en la necesidad de recabar información para nuevas búsquedas. En este sentido, y después de la crítica de López Obrador a la Fiscalía por la falta de resultados, en los últimos meses se han acelerado las entrevistas con implicados en el caso.
No obstante, el aparente impulso que el presidente dio a la investigación el año pasado, firmando un acuerdo de colaboración con el fiscal general y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, parece haberse quedado en otra promesa más. El compromiso de establecer un cronograma de actuación que obligue a los diferentes poderes todavía no se ha incumplido, y tampoco ha habido avances significativos en la investigación. Las familias siguen esperando la actuación de las autoridades competentes y, mientras tanto, sólo les queda buscar. Ojalá las jornadas del próximo mes de mayo aporten algo de luz.
Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7
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