Ciencia y tecnología en tiempos de la 4T (I)
marzo 7, 2019Durante las pasadas campañas electorales, los candidatos a la Presidencia de la República se comprometían, todos, a dar mayores apoyos y fortalecer el sector de la ciencia, tecnología e innovación del país; en agosto, ya como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante académicos, científicos y empresarios a no reducir, durante todo su sexenio, el presupuesto destinado al impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, sin embargo los últimos acontecimientos relacionados con este sector distan mucho de este compromiso.
La primera sorpresa se dio a principios de octubre del año pasado, con la filtración en redes sociales de una carta escrita por María Elena Álvarez-Buylla, dirigida al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); en esta carta se solicitaba al entonces director del organismo, Enrique Cabrero, la suspensión de “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer los recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”.
También causaron mucha polémica los nombramientos que se hicieron en el Consejo de Ciencia y Tecnología, de David Alexir Ledesma como subdirector de Comunicación y de Edith Arrieta Meza como subdirectora en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, nombramientos que después de las protestas realizadas, principalmente en redes sociales, fueron retiradas.
Sumado a lo ya mencionado, la gota que derramó el vaso fue la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología, presentada por Ana Lilia Rivera, Senadora que por cierto no pertenece a la Comisión de Ciencia y Tecnología (no cuenta con experiencia o trayectoria conocida en estas áreas); en esta iniciativa se impulsa la transformación del actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) que contempla, entre otras cosas: la centralización, bajo un esquema jerarquizado, las decisiones de políticas científicas del país, la desaparición de los órganos colegiados de incidencia en políticas para el sector (Foro Consultivo Científico Tecnológico, Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, etc.), la desaparición también de los Consejos Estatales de Ciencia; así como nuevas atribuciones a la dirección general del Consejo para suspender investigaciones públicas o privadas sin restricciones o consenso alguno, lo que a todas luces es atentar contra la libertad de investigación y la autonomía del quehacer científico.
La ley también incide en la libertad de desarrollo de tecnología, pues establece que antes de vincularse con el sector productivo, las instituciones de educación superior y centros públicos no solo deberán de tener autorización de su órgano de gobierno, sino que también requerirán la aprobación del nuevo Conahcyt.
