Cultura fiscal
julio 9, 2020 Desactivado Por La Opinión deA estas alturas ya podemos decir que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha afectado a las agendas políticas y económicas de la mayoría de los países, haciendo tambalear algunas de sus estructuras y planteando nuevos desafíos a corto, mediano y largo plazo. Entre los debates abiertos, uno de los que más afecta a América Latina es la construcción de un verdadero Estado de Bienestar que sirva como red de protección a todos los ciudadanos. Esto, a su vez, requiere de una revisión tanto del gasto como de los ingresos públicos con el fin de dotar a los Estados de capacidad presupuestaria para la ejecución de políticas públicas.
Dentro de este contexto, cada vez se hace más evidente la necesidad de llevar a cabo reformas fiscales. En este sentido, algunos gobiernos consideran atractiva la idea de subir impuestos que graven la riqueza, especialmente la de aquellos que se encuentran en una situación económica más privilegiada y que se han visto beneficiados durante años de una baja presión impositiva. La enfermedad y la crisis económica se está cebando, como casi siempre, con los más pobres y algunos líderes consideran que el gasto social que apoye las políticas de protección debería ser asumido por los más ricos.
Sin embargo, antes de abordar una reforma fiscal que introduzca nuevos tipos impositivos, sería conveniente que los estados latinoamericanos dieran otro paso: tratar de reducir al máximo la evasión fiscal. Así, según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la evasión fiscal en América Latina roza los 325,000 millones de dólares, lo que supone el 6.1% del Producto Interior Bruto de la región.
En los próximos meses, a los elevados niveles de endeudamiento público observados en la última década, se sumará una caída de la recaudación tributaria debido a la contracción de la economía. Por su parte, el gasto se incrementará rápidamente para tratar de mitigar los costes sociales de la pandemia. Todo ello, en un entorno macroeconómico poco favorable y bastante incierto. Este escenario requiere, por tanto, que en lugar de subir impuestos se dé cierto alivio tributario e inyección de liquidez para los sectores más afectados por la crisis.
La principal alternativa es, por tanto, acotar los espacios de la evasión fiscal, sobre todo si tomamos en cuenta lo amplios que son. Con ello, se atajan tres problemas: primero, combate una actividad fraudulenta; segundo, evita una mayor presión fiscal y; tercero, les ahorra a los estados llevar a cabo una reforma fiscal que requiera búsquedas de consensos que puedan alargarse en el tiempo. Asimismo, aunque parezca un argumento bastante evidente, de nada sirve subir impuestos que puedan ser evadidos con relativa facilidad.
Son necesarias medidas para mejorar la supervisión fiscal y reducir la evasión. Pero, por encima de todo, es cada vez más necesario crear una cultura fiscal en la región. El comportamiento de los contribuyentes está estrechamente relacionado con la imagen que tenga de sus conciudadanos en el cumplimiento de obligaciones tributarias, así como con la idea de utilidad que asocie al pago de impuestos. Esto es, el fraude se tolera y secunda cuanta más evasión se perciba alrededor y cuánto menor sea la plasmación de los impuestos pagados en políticas públicas de las que puedan beneficiarse los ciudadanos.
La política y el comportamiento fiscal, a fin de cuentas, son un reflejo de la estructura social de una comunidad política organizada. En ellos se reflejan los valores, actitudes y conductas de gobernantes y gobernados, así como las metas y objetivos del Estado. América Latina requiere cambiar su moral tributaria y sus gobernantes deben hacer un ejercicio de responsabilidad y eficiencia, garantizando a sus ciudadanos que el destino de sus impuestos no va a ser el enriquecimiento ilícito de algunos, sino políticas públicas que mejoren su calidad de vida y sirvan como red de protección de los ciudadanos. Tal vez así más de uno se anime a pagar impuestos.
Mélany Barragán
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