Petrocaribe, un añejo (y sucio) sueño de mar
julio 22, 2020En 2005 el presidente venezolano Hugo Chávez apostó, por medio de la iniciativa Petrocaribe, impulsar una agenda de integración y sostenibilidad regional. En el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) 18 países del Caribe y Centroamérica se adhirieron a este proyecto petrolero, entre los cuales destacan Cuba, Jamaica, Nicaragua, Honduras y Bahamas.
Sin embargo, 15 años después de su entrada en funcionamiento, cambios profundos en el mercado energético con un eje que se desprende hacia las energías renovables, los esfuerzos internacionales por descarbonizar las economías y una Venezuela inmersa en crisis económica, política y social es pertinente evaluar las proyecciones a futuro para la alianza petrolera.
El gobierno venezolano durante el mandato de Chávez se convirtió en un referente de la política energética; ante la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) la gestión del presidente venezolano permitió celebrar acuerdos para regular el mercado del petróleo y utilizar este recurso como una moneda de cambio en negociaciones internacionales.
Petrocaribe representa la influencia venezolana en las islas del Caribe, así como la dependencia de las naciones caribeñas a la economía y al modelo de desarrollo chavista, ha fungido como un mecanismo diplomático de presión para favorecer las posiciones venezolanas en votaciones de foros internacionales como en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El grupo de la Comunidad Caribeña (Caricom) representa un bloque sólido en la toma de decisiones regionales, a pesar de sus condiciones económicas desiguales ante el resto de los países latinoamericanos. Por ejemplo, los países del Caricom se han posicionado en el seno de la Asamblea General de la OEA en contra de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que considera el uso de la fuerza armada para intervenir en Venezuela.
Sin embargo, los proyectos infraestructura institucional venezolanos en América Latina y el Caribe se han venido debilitando con el paso de los años. La salida en 2018 de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, y de Uruguay en 2020, de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la retirada de Ecuador y Honduras del ALBA han dejado un contexto en el cual Venezuela sólo puede apostar por sus lazos con las islas caribeñas.
Por lo tanto, Petrocaribe funge como el único puente de la influencia venezolana en el continente. De acuerdo con el portal web del gobierno venezolano, la iniciativa representa hasta diciembre del 2018, 356 millones de barriles de crudo y productos derivados equivalentes a 31,523 millones de dólares estadounidenses. Ante esto es importante mencionar que los acuerdos que sostiene Venezuela con los países del caribe contemplan pagos a largo plazo y aceptan intercambio de bienes como insumos médicos y productos alimenticios.
No obstante, también se ha acusado que la diplomacia petrolera venezolana subsidia a las economías caribeñas lo cual genera un ambiente de deudas impagables y el único beneficio de este mecanismo es el respaldo político de los gobiernos del Caricom hacia Chávez y Nicolás Maduro.
En enero del 2020 el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, realizó una gira regional. En su última parada, Jamaica, hizo un llamado a los países del caribe a promover los valores democráticos con la intención de depositar una indirecta sobre sus relaciones energéticas con el autoritarismo venezolano.
La caída del petróleo y la inestabilidad que vive el país en las diferentes áreas de la crisis venezolana pueden provocar un efecto dominó en los países miembros de Petrocaribe.
En junio del 2020 la producción de petróleo cayó en sus mínimos históricos, desde 1943, pasando de 821,000 barriles de petróleo por día a 393,000 bpd. Esto ha sido consecuencia del contexto de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), pero también de las constantes sanciones de Estados Unidos a Caracas.
No es atípico que las condiciones actuales de Venezuela impacten en los países dependientes a su petróleo. En 2019, Haití fue sujeto de las consecuencias. La corrupción y falta de transparencia impregnada en la gestión de Petrocaribe socavó la relación entre la ciudadanía y el gobierno del presidente Jovenel Moise.
De acuerdo con la Corte Superior de Cuentas del país se acusó al gobierno de la desaparición de millones de dólares del fondo para programas de Petrocaribe. Las protestas sociales se visibilizaron a lo largo y ancho del mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que fallecieron 26 personas durante las protestas.
Mientras tanto, Trinidad y Tobago ha tomado la batuta para sostener el liderazgo caribeño hacia la transición y autosuficiencia energética. Desde el 2011 ha apostado por este camino, la isla recibió 60 millones de dólares como un préstamo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar una matriz energética más eficiente, sostenible y limpia.
En 2015, la primera ministra de Trinidad, Kamla Pers ad Bissessar, durante la 36 cumbre del Caricom, propuso un Fondo de Energía para los países de la comunidad, mencionando: “la dependencia de nuestra economía en los ingresos del petróleo y el gas se ve sometida a altibajos y alteraciones en los precios”. Pers reconoció que es pertinente salir a buscar inversiones en energías renovables y apoyos energéticos de países como España y Alemania. Acto que fue reconocido por el exvicepresidente estadounidense Joe Biden.
En caso de que el demócrata fuese electo presidente en noviembre, la región caribeña podría modificar sus estrategias energéticas de apego a Venezuela y comenzar a impulsar mayores esfuerzos por disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a partir de inversiones estadounidenses y convicciones políticas suscitadas por Biden.
Trinidad y Tobago no pertenece a Petrocaribe, cuenta con reservas petroleras que le permiten ser independiente de los intereses de Caracas. Ahora, con el desarrollo de las energías renovables sobre la mesa, el resto de las economías caribeñas podrían emprender un camino hacia la autosuficiencia.
La Comisión Nacional de Energía de República Dominicana en julio del 2020 otorgó a la empresa Eren una concesión provisional para un parque solar de 58MW y Nicaragua sigue avanzando en el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos como el calor de los volcanes, las corrientes de aire y las condiciones para la energía solar. Para el primer semestre del 2020 registró un 70% de uso de energías renovables.
Podemos observar dos tendencias a seguir para los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Mantener una relación de dependencia, falta de transparencia y hostigamiento por parte de Venezuela o el camino de inversiones a largo plazo por una economía y matriz energética autónoma, sostenible y en beneficio del medio ambiente que encamina Trinidad y Tobago.
Luis M. León
Twitter: @luismaleon
Imagen: minpet.gob.ve
