México necesita finanzas saludables

octubre 20, 2020 Desactivado Por La Opinión de

Las finanzas públicas estudian las decisiones de asignación de recurso del sector público en un entorno de escasez, su estudio comprende las políticas de ingreso o política fiscal y las políticas de gasto público. En este artículo pretendo realizar un análisis de la situación económica actual en plena crisis derivada por el COVID-19 en México y compartir mi visión personal de cómo debería actuar el Gobierno de nuestro país.

En primer lugar, se debe comprender que las finanzas públicas implican la asignación correcta de los recursos públicos en la sociedad, ya que el funcionamiento del Estado depende de la capacidad de financiamiento de sus políticas públicas. Por lo tanto, es importante establecer objetivos claros de las políticas públicas, por ejemplo, se debe cumplir con las funciones del Estado de Derecho, lo cual implica un orden constitucional, la ley debe estar subordinada al bien común.

Dado que las finanzas públicas sanas permiten cumplir con los objetivos del Estado, éste debe solucionar y/o mitigar los fallos en la economía de mercado, estabilizar la economía, alcanzar los objetivos de política distributiva, para generar condiciones óptimas de seguridad, bien común.

En segundo lugar, para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento económico, México necesitaría reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social. Por ejemplo, la economía mexicana creció un promedio de apenas 1.2% entre 1996 y 2015, muy por debajo de sus pares latinoamericanos, lo cual evidencia que es necesaria una verdadera transformación positiva que nos permita crear prosperidad compartida, sin embargo, actualmente México ha tenido un decrecimiento económico en su Producto Interno Bruto de un -8%, lo cual implica un enorme desafío para mantener finanzas sostenibles.

Los instrumentos de la política pública son la regulación, subsidios o impuestos, provisión directa de bienes y servicios, financiamiento directo o indirecto, la desigualdad económica y de oportunidades atenta contra los pilares de justicia que requiere la vida democrática. Por tal motivo la acción subsidiaría del Gobierno debe buscar la igualdad de oportunidades, que permita acceso de las personas a educación y servicios de salud de calidad, igualdad de oportunidades en el acceso de trabajo, a los servicios públicos y a condiciones de transporte, comunicación y movilidad, de manera que quien busque ampliar sus capacidades personales en ejercicio de su libertad lo pueda lograr.

En tercer lugar, la libertad económica es una expresión natural y a la vez garantía de la dignidad de la persona. Invertir, ahorrar, comprar, vender y usar bienes o servicios legítimamente producidos o proveídos debe ser garantizado por el Estado. La más vigorosa fuente de crecimiento económico es la inversión privada, la cual, sin demerito de la inversión pública, debe protegerse y promoverse.

La libertad económica implica el deber de generar un ambiente que proteja y propicie la posibilidad de organizarse económicamente a través de empresas, pequeñas o grandes, para proveer bienes y servicios que la sociedad necesita. Para que la libertad económica sea eficaz, también debe garantizarse el libre mercado, la producción, el uso, goce y disfrute de los bienes legítimamente adquiridos.

La economía de mercado es una condición indispensable para un adecuado sistema de producción de bienes o servicios, aunque no suficiente para generar condiciones de justicia. Por tal motivo afirmo que la economía debe ser competitiva y solidaria para generar condiciones de vida digna, por lo que en consecuencia se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para igualar las oportunidades de superación y desarrollo personal. También debe ser competitiva en el sentido de garantizar el libre acceso al mercado a todos los participantes potenciales, eliminando prácticas monopólicas y anticompetitivas que actúan en detrimento del bienestar común.

En este sentido, las finanzas privadas son una parte fundamental para el progreso y evolución de nuestro sistema económico y político, ya que sabemos que el Estado es generador de bienestar y las empresas son generadoras de riqueza; por lo tanto, yo propongo que transitemos hacia un capitalismo verde, que sostenga los principios del desarrollo sostenible, con empresas sociales que no solamente generen utilidad, sino también un impacto positivo en la sociedad, en las comunidades en donde se instalan, responsabilidad social empresarial con todos los stakeholders, que se fomente la innovación social y sustentable.

Sin embargo, en las finanzas públicas, debe existir una gestión estratégica de los ingresos; el presupuesto debe servir como herramienta de planeación y control, gestión del gasto con enfoque en los resultados, inversión para el desarrollo de la competitividad, transparencia, rendición de cuentas y por supuesto salud fiscal. Yo pienso que el Gobierno debe actuar como una empresa pública vigilada por sus accionistas, quienes en democracia somos el pueblo que los eligió para gobernar y administrar nuestros recursos públicos.

En conclusión, la salud fiscal es la habilidad de cumplir con objetivos de política pública en el largo plazo en un entorno de finanzas públicas sostenibles, para ello se requiere de un equilibrio fiscal integrado principalmente por un balance operativo sustentable, en donde los ingresos al menos empatan a los gastos en el largo plazo, con elementos del estado de resultados. Aunado de tener objetivos claros de política pública, en donde el Estado debe contar con los recursos suficientes para cumplir con su misión, con elementos de la hoja de balance.

Es necesaria una discusión nacional para saber ¿en qué queremos gastar los mexicanos? Existen muchas posibilidades para erradicar la pobreza, crear prosperidad, las cuales aún no hemos explorado, por ejemplo, el ingreso básico universal, acompañado de una intensa cultura empresarial y de liderazgo, para que el espíritu emprendedor prevalezca en quienes tal vez somos menos afortunados; claro que esta política pública tiene que ir acompañada de una ley de disciplina financiera, un banco de proyectos y hacer renacer al difunto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

La administración correcta de las finanzas públicas es esencial para el crecimiento económico de nuestra nación, para cumplir las funciones del Estado, para lograr éxito en la aplicación cotidiana de las políticas públicas y mantener la economía del país saludable, por supuesto se requiere mucho más que estos aspectos, es necesaria la honestidad, la transparencia, estar abiertos a nuevas alternativas para sanar la economía de México.

Issac Alonso Garduño Becerril