Responsabilidad internacional

diciembre 10, 2020 Desactivado Por La Opinión de

El pasado 6 de diciembre Venezuela vivió una jornada electoral para renovar la Asamblea Legislativa. Aplazados desde 2018, han sido unos comicios muy cuestionados por diferentes motivos. Primero, por la sospecha de fraude y falta de garantías que acompañan al régimen de Maduro desde hace años. Segundo, y derivado de esto, por la decisión de los partidos opositores de no participar en unas elecciones que consideran que no se dan en condiciones justas. Tercero, por la intimidación del régimen para obligar a la población a participar, bajo la ya célebre frase de Diosdado Cabello “quien no vota no come”. Y cuarto, por la posición de la comunidad internacional, contraria a la celebración de unas elecciones sin condiciones libres e íntegras.

La jornada electoral ha sido el colofón de una suma de irregularidades arrastradas durante todo el proceso: desde la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) a las condiciones de fiscalización de la campaña, pasando por el uso por parte de diputados oficialistas de cajas de alimentos subsidiados para hacer campaña electoral. Pese a la presión ilegítima del sector gubernamental, sólo el 31% de los venezolanos acudieron a las urnas. Esto supone una bajada de cuarenta puntos porcentuales respecto a las elecciones legislativas de 2015, ganadas por la oposición. Sin embargo, la baja participación no ha sido un problema para el régimen de Maduro. Según los datos del CNE, el chavismo obtuvo el 67.7% de apoyo, pasando a recuperar el único poder que no estaba en manos del oficialismo.

La comunidad internacional se ha mostrado profundamente crítica con estos comicios. El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, los Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su rechazo a las condiciones en las que se han celebrado las elecciones. Además, cerca de 50 países ya han anunciado que desconocen los resultados. Sin embargo, esto no parece tampoco importarle mucho al régimen, que, en su afán de otorgar una aparente legitimidad al proceso, se busca a sus propios acompañantes internacionales. Y ahí están Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y José Luis Rodríguez Zapatero.

Este último ha instado a la Unión Europea a que cambie de postura sobre Venezuela y el Gobierno de Maduro, llamando a una “reflexión serena” sobre las sanciones y el reconocimiento del próximo parlamento. La Unión Europea, que siempre se ha situado abierta al diálogo con Venezuela y ha realizado diferentes recomendaciones que siempre han sido rechazadas por Maduro, ha desoído al expresidente español y ha certificado su no reconocimiento a los resultados electorales por no cumplir “los estándares internacionales mínimos”.

Tal vez sería bueno invitar al señor Rodríguez Zapatero a una reflexión serena sobre las consecuencias de otorgar legitimidad a unas elecciones en las que no se cumplen las garantías mínimas y en las que el partido oficialista se permite el lujo de intimidar a la población, de cometer irregularidades y de desoír a la comunidad internacional en sus recomendaciones de preservar la legalidad del proceso. Quizás sería bueno invitar al señor Rodríguez Zapatero a una reflexión serena sobre el papel de las instituciones y la comunidad política o de las consecuencias de relativizar un régimen que, según el último informe de la ONU por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos inhumanos. A ello se suman violaciones de derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos.

El conflicto en Venezuela hace mucho que traspasó los límites de las simpatías hacia gobierno u oposición. También los relacionados con cuestiones ideológicas o programáticas. Se trata de un compromiso con la democracia y los Derechos Humanos. Claro que hay que respetar la soberanía de los Estados, claro que hay que agotar las vías diplomáticas y claro que terceros países deben huir de la tentación de intervenir para garantizar la democracia (ya sabemos cómo termina la historia en la mayoría de estos casos…). Pero igual de cierto es que no debemos caer en la mezquindad, y tratar de blanquear un régimen que vulnera los Derechos Humanos y que celebra elecciones sin garantías.

Por ello, la salida a Venezuela sólo será posible si gobierno y oposición se dotan de unas reglas de juego que ambos respeten y si hay un compromiso por parte del gobierno y de la comunidad internacional de lograr avances políticos que permitan aliviar las sanciones. En estos momentos, la llave que abre la puerta de salida la tiene el Gobierno y es a él al primero al que hay que exigirle responsabilidades. Después llegará el momento de también pedirle a la oposición que esté a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, el país sigue sometido en el caos y la miseria. Espero que más de uno haga una reflexión serena sobre ello.

Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7