Violencia policial

abril 1, 2021 Desactivado Por La Opinión de

México ha vuelto a teñirse de luto: el pasado fin de semana una mujer salvadoreña murió a manos de un policía en la ciudad de Tulum. Victoria Esperanza Salazar, que es como se llamaba la fallecida, fue detenida en un operativo policial tras un altercado. Pero, en lugar de acabar en dependencias judiciales, murió asfixiada bajo la rodilla de un policía.

Los cuatro agentes que participaron en el operativo han sido detenidos y la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. El presidente López Obrador también se ha pronunciado al respecto, señalando que se siente avergonzado por lo ocurrido y asegurando que se investigará. La sociedad civil está indignada y, desde la esfera internacional, organizaciones como Naciones Unidas o Amnistía Internacional también han condenado los hechos.

Lo acontecido en Tulum nos traslada, casi de manera inevitable, a la ya más que famosa imagen de George Floyd. En este caso, la víctima era un hombre afroamericano detenido en Minneapolis (Estados Unidos) por pagar en una tienda con un billete supuestamente falso. Durante la detención fue inmovilizado por un policía, presionándole el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos. Al igual que ocurre hoy en México, la sociedad estadounidense mostró su indignación por el abuso policial.

Ni lo ocurrido en Minneapolis ni en Tulum, lamentablemente, son experiencias aisladas. En el caso de México es un reflejo de un problema endémico del sistema. Por ejemplo, el último año se hicieron públicas numerosas experiencias de abuso policial. Alexander Martínez, un adolescente de 16 años, fue asesinado por policías municipales en Oaxaca tras ser confundido con un delincuente. En Ixtlahuacán de los Membrillos (Jalisco), Giovanni López fue torturado y asesinado por agentes policiales. Oliver López murió asfixiado en Tijuana después de que un policía pisara su cuello.

Estos casos son sólo una muestra de tantas otras historias de abuso policial. A la luz de los datos recogidos en el último censo de personas detenidas, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, los asesinatos cometidos por policías, las detenciones arbitrarias, la tortura bajo custodia policial y los vínculos entre policías y carteles parecen ser prácticas habituales. El citado estudio muestra que casi dos terceras partes de los presos habían recibido golpes u otras agresiones durante su detención, que más de un tercio habían sido estrangulados o sometidos a simulacros de ahogamiento y una quinta parte había recibido descargas eléctricas.

A esto se suman otras prácticas irregulares, como el hecho de que, en casi la mitad de los casos, el agente encargado de llevar a cabo la detención no se identificó como funcionario de seguridad pública y en una quinta parte de los arrestos la persona fue detenida sin orden judicial y llevada a un lugar privado en lugar de ser trasladada directamente a dependencias judiciales. Por tanto, las estadísticas son algo más que una mera cifra. Esconden un problema en el funcionamiento de las fuerzas policiales que también ha sido señalado por diferentes organizaciones internacionales. Así, desde distintos foros se ha denunciado que la policía mexicana ve afectada negativamente su reputación por el uso de la tortura y la violencia, así como por sus nexos con el crimen organizado.

Para explicar las razones de este hecho son múltiples. Sin embargo, conviene resaltar la impunidad sistemática de este tipo de abusos, la falta de transparencia, la corrupción, la fuerte presencia de la delincuencia organizada y el abandono institucional. En consecuencia, en México la mayor parte de los delitos no se denuncian y, en el caso de hacerlo, no se investigan o reciben castigo. Ello genera un escenario de alta impunidad, en el que apenas se resuelven los delitos de abuso policial.

En los últimos tiempos se han tratado de impulsar algunas iniciativas que ayuden a revertir esta situación. Algunos gobiernos locales han hecho desaparecer las policías municipales y las han sustituido por un cuerpo único de carácter estatal o, directamente, han cedido la competencia en materia de seguridad al gobierno federal. A nivel federal, la gran apuesta del presidente López Obrador con la creación de la Guardia Nacional tampoco ha provocado los efectos esperados. Pese a que se concibió como una institución civil, en la práctica ha tenido una conformación principalmente mayoritaria. Ello ha impedido revertir la creciente tendencia militarista en el país azteca y ha incrementado el uso ilegal de la fuerza letal por parte de la autoridad. Además, en su funcionamiento ha presentado problemas en sus mecanismos de regulación, subordinación y fiscalización.

México necesita, por tanto, construir cuerpos policiales profesionalizados cuyo objetivo prioritario sea la prevención y no la represión o uso arbitrario del poder. Deben hacerse cumplir los límites al uso de la fuerza por parte de la policía, investigarse y desarticularse las redes corruptas y asegurar la capacitación de los agentes policiales. Si no se actúa al respecto, muertes como las de Victoria Esperanza Salazar seguirán repitiéndose en el tiempo.

Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7