#MeToo: denuncias anónimas y su mérito
abril 16, 2019En 2017, el aclamado productor cinematográfico de Hollywood, Harvey Weinstein, fue señalado por haber cometido diversos actos de violencia sexual, aprovechando su posición jerárquica dentro del mundo del cine. Las denunciantes fueron aproximadamente 80 mujeres, entre ellas Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Cara Delevigne, Angelina Jolie, Lupita Nyong’o y Uma Thurman. Lo anterior ocasionó el boom del hashtag #MeToo, donde diversas mujeres denunciaron situaciones similares que también había vivido, haciendo notar mediante este hashtag que el acoso, abuso y violaciones sexuales no era un tema exclusivo de Winstein ni de Hollywood ni de Estados Unidos, sino que se trata de un tema generalizado, universal y cotidiano.
En marzo de este año, Ana G. González, mediante su cuenta de Twitter, denunció públicamente al escritor Herson Barona sobre golpes, manipulaciones, amenazas, lo que desató que más mujeres se unieran a su denuncia, pues no había sido la única; de ello, se creó el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos. Posteriormente fueron creadas cuentas análogas para denunciar, anónimamente, actos de violencia sexual en distintas profesiones como en cine, periodismo, músicos, empresarios, abogados, medicina, teatro, académicos y políticos.
El anonimato ha sido la gran crítica al movimiento #MeToo, ya que se asegura que esto puede facilitar a las personas a “hacer una cacería de brujas”, “arruinar la reputación de gente honesta”, etc.; aunque hay que reconocer que el anonimato mediante denuncia pública no es la vía idónea para buscar castigar estos delitos, actualmente sí existen los medios para hacerlo, pero no son eficaces.
Lo que sucede es que el movimiento #MeToo, lejos de ser desacreditado, debe ser reconocido por haber evidenciado que la realidad y el derecho de acceso a la justicia se encuentran desfasados, viven en momentos diferentes; en pocas palabras, el sistema actual le queda muy corto y pobre a la demanda social actual, sobre todo tratándose de delitos sexuales.
En primer lugar, es importante hacer la precisión de que #MeToo es un movimiento para denunciar el acoso sexual, lo cual me parece muy limitado al leer tantos testimonios; no solo se trata de acoso, sino también de abuso, hostigamiento, violación, violencia sexual, psicoemocional, económica y violencia contra los derechos reproductivos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante las sentencias de los casos Fernández Ortega y otras en 2010 (Caso Campo Algodonero, Ciudad Juárez) y Rosendo Cantú y otra en 2011 (violación de una indígena guerrerense por parte de militares), para que el Estado mexicano tuviera en consideración directrices en la investigación de delitos sexuales, a saber:
1) La declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Los delitos sexuales son agresiones que en general suceden cuando el agresor y la víctima están solos, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho;
2) Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, por lo que pueden presentarse inconsistencias o variaciones en el recuento de los hechos;
3) El juzgador debe tomar en cuenta la edad de la víctima, su condición social, si pertenece a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros;
4) Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos, por ejemplo, dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, y
5) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos.
Surge la interrogante de qué está sucediendo si existen los medios legales para denuncia, las conductas están ya tipificadas por los códigos penales, ya se han emitido las directrices tanto para los investigadores de delitos e impartidores de justicia, existen capacitaciones constantes a los servidores públicos; pero en lugar de ello, las autoridades siguen revictimizando, pidiendo pruebas físicas cuando hubo violencia psicoemocional (¿?), haciendo los trámites tardados y engorrosos.
Queda claro que el problema no son las leyes, el problema es la ineptitud de sus aplicadores, que curiosamente fueron educados bajo la cultura del patriarcado y normalización de la violencia sexual, toda vez que, por una vez más, el derecho –y su aplicación– no corresponden a la realidad.
