El papel de las Fuerzas Armadas en la política latinoamericana
noviembre 14, 2019Horas después de anunciar la celebración de nuevas elecciones, Evo Morales se vio forzado a dimitir tras el pronunciamiento del jefe del Ejército. Ni la presión social, con continuas movilizaciones denunciando fraude electoral, ni el demoledor informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se afirmaba que era “improbable estadísticamente” que el líder boliviano hubiera ganado las elecciones en primera vuelta, fueron el detonante de la renuncia. Quizás contribuyeron, y mucho, a convocar unos nuevos comicios, pero no fueron suficiente para que el hasta hace pocas horas presidente reflexionara sobre la legitimidad de su elección y dejara su cargo para evitar la inestabilidad política derivada de esta crisis.
La actuación del Ejército, calificada por algunos como golpe de Estado y justificada por otros como medio para preservar la democracia en el país andino, vuelve a poner sobre la mesa el papel que deben ejercer las Fuerzas Armadas en la vida política. Y es que recordemos la injerencia del poder militar en la política latinoamericana no se acabó con el fin de las dictaduras. En 2002, la oposición venezolana, con apoyo de los militares, perpetró un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, que apenas duró 48 horas; en 2004 el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue depuesto de su cargo tras un golpe de Estado militar; en 2009 militares hondureños detienen al presidente Manuel Zelaya, quien huye a Costa Rica; en 2010 Rafael Correa denuncia un intento de golpe de Estado por parte de un sector de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Del mismo modo, cada vez es más frecuente que los líderes políticos acudan a las fuerzas del orden para actuar en asuntos internos, que bien deberían ser dirimidos a través de instituciones civiles. El Estado de excepción en Chile, hace apenas unas semanas, o la intervención militar en la última crisis social ecuatoriana, son muestras de cómo el poder político recurre al ejército para dar salida a conflictos que requieren de diálogo y reformas estructurales.
De este modo, pese a la disparidad de razones que subyacen tras los casos citados, todos ellos ejemplifican el poder que el sector militar aún conserva en América Latina. Junto con sus competencias en términos de seguridad y preservación del orden, las Fuerzas Armadas parecen haberse convertido en la última carta para dirimir luchas políticas que no encuentran solución en el escenario idóneo para ello: las instituciones representativas. Y es entonces cuando se plantea el límite entre la función del Ejército de preservar la democracia, las garantías constitucionales y la injerencia en la vida política de un poder que no emana directamente de la voluntad del pueblo. Y, como casi siempre, la baja institucionalización aparece como telón de fondo de las crisis latinoamericanas.
Es indudable que cualquier sociedad que deseé ser democrática debe contar con mecanismos que garanticen la transparencia y legalidad, tanto de sus procesos electorales como de la gestión de gobierno. Del mismo modo, resultaría imprudente exonerar al ejército de sus competencias. Sin embargo, parece urgente y necesario reflexionar sobre cuáles deben ser los mecanismos y actores idóneos para la resolución de conflictos. El hecho de deponer a presidentes a golpe de intervención militar no es un indicador de un sistema democrático saludable. Sin embargo, tampoco resulta conveniente que los líderes permanezcan en su cargo ante muestras fehacientes de fraude electoral, corrupción o impunidad.
América Latina necesita dotar de sentido a sus instituciones, establecer mecanismos de equilibrio entre las mismas y reforzar los procedimientos de rendición de cuentas. La politización de las Fuerzas Armadas, y su normalización, conlleva el riesgo de adoptar dinámicas no democráticas. Recordemos, por tanto, que no todas las instituciones y poderes del Estado deben ser de naturaleza política. Lo que precisamente garantiza el orden y la democracia es la existencia de poderes independientes que excedan sus funciones dentro del ámbito de sus competencias y que no se alineen ni a favor ni en contra del partido de turno.
