Chile y el nuevo horizonte constitucional
octubre 29, 2020Los chilenos lo tenían claro: el 78.27% votó “sí” a reemplazar la actual Constitución y, de ese porcentaje, el 78.99% optó porque una convención constituyente, en lugar de mixta, se encargue de la redacción de la nueva Carta Magna. La tasa de participación, que superó el 50% del padrón electoral, fue histórica y demostró que ni una pandemia mundial podía ser razón suficiente para seguir aplazando una reforma del orden constitucional.
La votación del pasado domingo merece ser tildada de histórica por varias razones. Más allá de las particulares condiciones sanitarias, el plebiscito va a permitir que, por primera vez en la historia de Chile, la Constitución sea redactada por una asamblea elegida íntegramente por los ciudadanos. En segundo lugar, supone enterrar el marco jurídico del régimen de Augusto Pinochet. Y es que cabe señalar que el texto fue redactado en 1980, en plena dictadura.
Su origen no democrático hizo que, una vez iniciada la transición, la legitimidad del texto fuera fuertemente cuestionada. Durante los primeros años del gobierno de la Concertación, la oposición de la Alianza por Chile frenó cualquier reforma sustancial de la Constitución y no fue hasta el mandato de Ricardo Lagos cuando se alcanzó el consenso necesario para eliminar los reductos antidemocráticos del documento. Así, el 17 de septiembre de 2005 fue promulgado el decreto supremo por el cual se fijó el texto refundido, el cual pasó a sustituir al original de Pinochet. En 2015, la entonces presidenta Michelle Bachelet anunció la apertura de un nuevo proceso constituyente que, finalmente, no llegó a materializarse. No fue hasta 2019 cuando, como consecuencia de la oleada de protestas y manifestaciones, se llegó a un acuerdo político para redactar una nueva Constitución. El plebiscito constituye el primer paso para ello.
Las críticas vertidas sobre el texto, además de las relacionadas con su origen y el déficit de legitimidad fundacional, versan sobre la pervivencia de parte del programa sociopolítico y económico impuesto por la dictadura. Pese a que la reforma de 2005 supuso un punto de inflexión, todavía se mantienen leyes supermayoritarias, desorbitadas potestades presidenciales, las limitadas capacidades del Poder Legislativo o la supervivencia de órganos como el Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, también es fuente de críticas el capítulo sobre las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Los derechos sociales son otro caballo de batalla en la reforma constitucional. Pese a que el texto constitucional reconoce el derecho a la educación, la salud o la previsión social, su redacción es ambigua y permite ciertas deficiencias en la manera en la que el Estado garantiza la protección y prestación de servicios sociales. En este sentido, las críticas están orientadas a transitar de un Estado subsidiario, que actúa sólo en defecto de la prestación privada, a uno que intervenga activamente en la garantía de unos servicios mínimos y universales.
Por último, el blindaje del texto también ha despertado críticas. La existencia de leyes orgánicas constitucionales y la competencia preventiva del Tribunal Constitucional actúan como mecanismos de neutralización del juego democrático, haciendo sumamente complicada la modificación de leyes. La rigidez del sistema y las altas mayorías requeridas han frustrado muchas de las reformas demandadas por la ciudadanía, alimentando el rechazo manifestado en las manifestaciones de 2019.
Estos y otros aspectos deberán ser abordados por la convención constituyente. Bajo la premisa de alcanzar un quórum mínimo de 2/3 para resolver las normas, los padres de la nueva Constitución tendrán que ponerse de acuerdo y llegar a consensos que trasciendan las discrepancias ideológicas. Es momento de generar un nuevo horizonte para Chile y guardar en el cajón una Constitución que se diseñó para perpetuar, desde las instituciones, un proyecto caduco. En palabras del propio Jaime Guzmán, la de 1980 es “una Constitución que cuando lleguen algún día a gobernar los que piensan distintos a nosotros, no puedan llevar adelante sus ideas porque la Constitución se los prohíbe”. Confiemos en la responsabilidad y criterio de la convención constituyente, esperando que la nueva hoja de ruta ponga fin a las causas que subyacen tras los estallidos sociales acontecidos en Chile.
Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7
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