Estigmatización e impunidad
marzo 25, 2021Vivimos tiempos de crispación a nivel global. Pese a que antes del inicio de la pandemia muchos sistemas políticos daban muestras más que evidentes de fatiga y polarización, la llegada de la COVID-19 no ha hecho más que empeorar la situación. Las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria y la adopción de medidas de excepción constitucional han añadido tensión a la dinámica política. Numerosos derechos han entrado en conflicto durante este último año y los diferentes actores políticos se han movido en un fino límite entre la protección de la salud y la salvaguarda de la democracia.
En algunas ocasiones, la imposición de límites temporales a derechos fundamentales, como el de movilidad y reunión, parecían casi inevitables. En otros, la pandemia ha parecido ser la excusa perfecta para imponer una agenda cuestionable al menos desde el punto de vista democrático y legitimar unos poderes extraordinarios para el presidente. Dentro de este contexto, el control sobre los medios de comunicación y el derecho a la información han sido de los más afectados.
En el caso mexicano, las trabas a la libertad de prensa no han aparecido con la pandemia. Ya mucho antes de la aparición del ya famoso coronavirus, México era un país donde no sólo se limitaba a los periodistas a hacer su trabajo. También se les censuraba o se les detenía y, en los peores casos, se les torturaba o asesinaba. Pese a que la Constitución recoge la libertad de prensa, el Estado lleva décadas sin ser capaz de proteger con eficiencia a los periodistas. Se han hecho avances legislativos, sí, pero de poco sirven si las instituciones no consiguen aplicar las normas de manera satisfactoria.
En noviembre de 2019, apenas unos meses antes de la pandemia, organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información realizaron una misión a México para abordar la situación de impunidad de crímenes contra periodistas. Durante esta visita, la Misión subrayó los riesgos derivados de discursos estigmatizantes contra la actividad periodística y demandó un compromiso al presidente en este sentido. Y es que no cabe olvidar que, en diferentes intervenciones públicas, López Obrador ha etiquetado a la prensa como adversarios, cuando han hecho un tratamiento negativo de su gestión.
El 2020 no trajo tregua para la prensa. Los atentados contra los medios aumentaron un 13.63% con respecto al año anterior, registrándose 962 agresiones contra periodistas. El 49.5% de estas agresiones fueron perpetradas por agentes del Estado, tales como funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas. Las agresiones más comunes responden a un uso ilegítimo del poder, con manifestaciones como el hostigamiento judicial, la estigmatización contra la prensa, intimidaciones y bloqueos o alteraciones de contenido.
La pandemia, además de incrementar la arbitrariedad en la actuación de las autoridades, afectó negativamente a la capacidad de protección de la prensa. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han dificultado la labor de los periodistas, a la par que ha dificultado su capacidad de reacción frente a distintos tipos de ataque. En este sentido, es importante subrayar las dificultades derivadas de la contingencia sanitaria en el acceso a la justicia. A raíz de la crisis, distintas dependencias suspendieron términos judiciales o actividades administrativas, levantando barreras para la impartición de justicia.
La crispación, los discursos estigmatizantes, el debilitamiento de las instituciones, la precarización económica y la impunidad se han visto negativamente perjudicados desde el estallido de la pandemia. Y, a corto plazo, parece que no va a darse un cambio de rumbo. Por ello, al menos denunciemos que México aún está en deuda con el derecho a la información y que sigue pendiente generar las condiciones propicias para el ejercicio del periodismo libre en el país.
Mélany Barragán
Twitter: @MelanyBarragan7
Imagen: Gerd Altmann / pixabay.com
