Desaparecidos y Estado de Derecho
junio 20, 2019En diciembre de 2018, Roberto Cabrera, el primer Comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunció que México tenía 40,180 casos. Su sucesora, Karla Quintana, ha denunciado que la cifra está desactualizada y que puede llegar a 50,000. Según las estadísticas, una media de siete personas desaparece diariamente en el país azteca. El crimen organizado y la trata suelen ser las causas más frecuentes.
A algunos les ponemos caras, como a los estudiantes de Ayotzinapa. Otros se diluirán en el olvido sin que ni siquiera sepamos sus nombres. Son aquellos que un día salieron de casa y nunca volvieron; o se los llevaron de sus hogares de manera violenta y desaparecieron en fosas clandestinas. Detrás de esto subyace toda una red de criminales, corruptos y autoridades incapaces –en el mejor de los casos– de establecer rigurosos protocolos de búsqueda. Así, existe una responsabilidad compartida entre agentes no gubernamentales y un Estado de Derecho que ha dado evidentes muestras de ser deficiente.
Según Human Rights Watch, existen evidencias de que en parte de las desapariciones forzadas acontecidas en México han participado actores estatales de manera directa o indirecta, mediante su colaboración o aquiescencia. Con base en los datos de su investigación, muchos de los delitos vinculados con las desapariciones han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública. Se trata de casos en los que se cumple un mismo patrón: miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin una orden de detención y sin indicios suficientes. Después, el paradero de los desaparecidos pasa a ser una incógnita.
Junto con la participación directa o indirecta de algunos actores estatales, también está la inacción de otros actores gubernamentales en el esclarecimiento de los hechos. En los cerros de Iguala, los familiares de los desaparecidos decidieron emprender la búsqueda de sus seres queridos ante la pasividad de las autoridades. Las familias sufren en silencio y en ocasiones traspasan fronteras para tratar de conseguir ayuda en otros territorios, pero generalmente el esfuerzo es en vano. El Estado no sólo incumple su función clásica de garantizar la seguridad dentro de sus límites, sino que investiga a medias y, en la mayoría de las ocasiones, con muy poco éxito.
Son excepcionales los casos en los que las autoridades adoptan protocolos para encontrar a los desaparecidos e incluso hay ocasiones en las que los agentes se muestran proclives a sugerir que las víctimas en cierto modo son responsables de su desaparición. Todo ello genera en los familiares y amigos de los desaparecidos un fuerte sentimiento de frustración, llegando incluso a abandonar sus actividades profesionales para dedicarse en exclusiva a la búsqueda de sus seres queridos. Ello genera un alto coste económico y emocional, que se une al alto precio que paga la sociedad en su conjunto: una creciente desconfianza en el Estado de Derecho y en sus instituciones.
Frente a este escenario, urge adoptar estrategias integrales que habiliten a los agentes del Ministerio Público, funcionarios y familiares las herramientas necesarias para llevar a cabo las investigaciones de manera conveniente. Asimismo, es necesario respetar el lugar de los desaparecidos y sus seres queridos, permitiendo el debate público sin temor a las represalias. Y, por último, es imprescindible contrarrestar los daños colaterales de las desapariciones, tanto desde el punto de vista emocional, como material. Para poder cumplir con los reclamos de verdad y justicia, el primer paso es hacer frente a las resistencias internas de los agentes de la fuerza pública y establecer, desde el Gobierno, una postura clara respecto a la cuestión de los desaparecidos, adoptando protocolos eficientes e impidiendo que muchos de estos delitos sigan guardados en el cajón de los casos cerrados.
