Juicio político: estrategia, opinión pública e institucionalidad
noviembre 21, 2019El debate sobre el impeachment a Trump ha dividido no sólo a la clase política, sino a la sociedad norteamericana. Después de que se iniciara el juicio político al Presidente de los Estados Unidos, cuyos testimonios están siendo televisados, los estadounidenses están divididos: el 51% considera que el Presidente debe ser juzgado y condenado, el 45% se opone al proceso y el 6% apoya el juicio político pero no su destitución. De este modo, el proceso se desarrolla en dos planos: el político, dentro de la Cámara, y el mediático, a través de un juicio televisado con un gran impacto en la opinión pública.
Ambos planos están estrechamente relacionados ya que no debe olvidarse que, al hablar de impeachment, se hace referencia a un proceso político en el que, además de exigir responsabilidades a los funcionarios públicos, los partidos y líderes hacen cálculos estratégicos sobre las repercusiones futuras del voto que emitan. De este modo, se da una tensión entre la defensa de la institucionalidad y la estrategia política. Y es que no debe de olvidarse que puede resultar políticamente arriesgado apoyar en el Congreso el inicio del juicio político sabiendo de antemano que no podrán destituir al Presidente por falta de mayoría en el Senado.
Sin embargo, no es una situación nueva ya que de los tres juicios políticos celebrados a lo largo de la historia de los Estados Unidos, dos acabaron en absolución y uno no culminó porque el Presidente dimitió antes de la votación de la Cámara Alta. La primera experiencia data de 1868, cuando el Presidente Andrew Johnson se enfrentó a la Cámara de Representantes por la reconstrucción del país, después de la Guerra Civil. La Cámara Baja votó a favor de iniciar el juicio político y tres días después se inició el juicio en el Senado. No obstante, el proceso fue infructuoso y quedó suspendido diez días después ante la imposibilidad de obtener la mayoría necesaria para su destitución.
Sin embargo, es probable que los ciudadanos recuerden mejor el impeachment celebrado en 1974 contra Nixon, por el caso Watergate. Fue el primer juicio político televisado, lo que contribuyó a generar un clima de opinión cambiante que evolucionó a medida que se hicieron públicos los testimonios de las partes involucradas. Pese a que el mandatario contaba, al inicio, con el apoyo de la población, cuando comenzaron las declaraciones de los testigos la opinión pública dio un giro y apoyó la destitución. Finalmente, Nixon prefirió la dimisión antes que ser destituido.
Más de veinte años después, la sociedad norteamericana volvió a presenciar otro juicio político, en este caso contra Bill Clinton. La negación por parte del entonces Presidente, ante un jurado investigador federal, de haber mantenido alguna relación con Mónica Lewinsky, provocó que se le iniciara un juicio por perjurio y obstrucción de la justicia. Tras cuatro semanas de juicio, Clinton quedó absuelto, pero con parte de la opinión pública en contra, después de haber presenciado todo el procedimiento por televisión.
En el caso de Trump, la opinión pública va a jugar un papel importante en el cálculo de cada congresista a la hora de emitir su voto. La división de opinión entre la sociedad norteamericana y el papel de los indecisos pueden poner en una tesitura complicada a parte de los congresistas. Mientras que es probable que Trump cuente con el apoyo de los republicanos, entre los que goza con un 83% de popularidad, una parte considerable de los demócratas proviene de distritos en los que el Presidente ganó o hay un electorado indeciso. Dada esta situación, los congresistas demócratas, en función de cómo evolucione la opinión pública, deberán ponderar si el apoyo al juicio político les puede costar un futuro escaño.
Con el objetivo de influir en la opinión pública, cada partido ha adoptado su propia estrategia. Los demócratas tratan de ceñirse de manera estricta al escándalo, mientras que los republicanos tratan de poner en duda la fiabilidad de los testigos. En cuanto a los costes y beneficios del proceso, diferentes analistas coinciden en que éste puede acabar desmotivando a los electores, especialmente a los de las filas demócratas, que pueden pensar que la oposición debería centrar sus esfuerzos en temas más importantes de la agenda política. Incluso algunos analistas opinan que el proceso puede acabar beneficiando a Trump al movilizar aún más al electorado republicano en las elecciones de 2020.
De este modo, el juicio a Trump se convierte en un complicado cálculo estratégico en el que se combinan la defensa de la institucionalidad y principios fundacionales con las estrategias de los diferentes actores, en relación a su supervivencia política y futuro éxito electoral. Se habla de abuso de poder, pero no se olvidan los costes y beneficios asociados a cada sentido del voto. Se cita la institucionalidad, pero se tiene muy presente a la opinión pública. Se vota en las Cámaras, pero la discusión se traslada a las televisiones.
