Feminicidio: México sigue fallando
febrero 27, 2020Hace unos meses, dediqué este espacio a la muerte dos mujeres. La primera había sido asesinada en el Campus de la UNAM y la segunda, fallecida en un accidente de tráfico, había sido acusada de merecer su muerte por salir de noche con un par de hombres pese a tener pareja. Hoy, de nuevo, vuelvo a colocar en el centro de la discusión la situación de la mujer en México y la violencia ejercida contra ella.
En apenas cuatro meses, Fátima, Ingrid Escamilla y Abril Pérez Sagaón, junto con otras muchas mujeres que no han recibido la atención de los medios de comunicación, han sido asesinadas en México. Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019, 976 mujeres perdieron la vida en supuestos de feminicidio. En términos absolutos, Veracruz y el Estado de México encabezan la lista de estados más afectados por esta problemática. En términos relativos, las tasas más altas se ubican en Morelia y Veracruz.
Junto con el drama personal que esto supone, existe otro de carácter político institucional: la incapacidad de los poderes del Estado para prevenir esta violencia y el silencio de juzgados y fiscalías. Junto al horror, convive la indiferencia. Con la indiferencia, surge la impunidad. Y es que, pese a que existen protocolos contra la violencia de género, en numerosas ocasiones no son activados por las autoridades.
Tampoco, desde el gobierno la respuesta ha sido contundente en el rechazo a la violencia. El Presidente López Obrador ha declarado que las cifras de feminicidio han sido manipuladas y ha transferido la responsabilidad de estos actos “al proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el gobierno neoliberal”. Sus palabras resultan especialmente frívolas en un contexto en el que el número de víctimas es crecientes, la protección insuficiente o nula, y las medidas del Gobierno inexistentes. Asimismo, López Obrador sigue moviéndose en el terreno de lo abstracto, evitando aportar un plan concreto a un problema real.
La prensa tampoco ha estado siempre a la altura. Así, por ejemplo, muchas mujeres marcharon frente a la sede del periódico donde se publicaron las fotos más escabrosas del asesinato de Ingrid Escamilla. La principal crítica fue el hecho de convertir el feminicidio en un espectáculo. Así, además de traspasar los límites de la ética profesional, una parte de la prensa se desvincula del compromiso social de los medios de comunicación y sustituye la visibilización y denuncia pública de la violencia por el morbo y el amarillismo. Además, la filtración de este material también pone en el punto de mira a las autoridades, las cuales debieron facilitar las imágenes al periódico.
Todas estas circunstancias conforman el puzzle del feminicidio en México. La violencia de género continúa siendo una realidad y la sociedad cada vez está más concienciada de ello. Las diferentes movilizaciones, la demanda de mayores mecanismos de protección y la exigencia de justicia son una muestra de ello. Sin embargo, la pasividad en la adopción de medidas efectivas y el ambiguo –y en muchas ocasiones irresponsable– discurso del gobierno, actúan como limitante para poner fin al feminicidio. Por tanto, junto con la responsabilidad de los violentos que atentan contra las mujeres, no debemos obviar la del Estado y sus instituciones, a las cuales corresponde proteger la integridad y derechos de sus ciudadanos.
